“Si no hay comida cuando se tiene hambre. Si no hay medicamentos cuando se está enfermo. Si hay ignorancia y no se respetan los derechos fundamentales de las personas. La democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento”.
Con estas sabias palabras de Nelson Mandela como prólogo, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Salamanca leyó esta mañana un comunicado de apoyo a los presos con esta enfermedad que viven sin tratamiento en las cárceles españolas. Lo hizo durante la concentración frente al Colegio Arzobispo Fonseca donde se puso de manifiesto como el Gobierno “vulnera claramente el artículo 208 del Reglamento Penitenciario”, donde se recoge que “a todos los internos sin excepción se les garantiza una atención medico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población”.
“Nos manifestamos para que la población olvidada conozca que desde fuera de esas paredes opacas estamos luchando también por ellos, porque la justicia social y el respeto a los derechos humanos no entienden de barreras ni de barrotes”.
Pero si las declaraciones suenan preocupantes, los datos ofrecidos por la portavoz de la Plataforma, Esther Sánchez Mate, son contundentes. De los 61.614 internos que cumplen condena en España, están diagnosticados de hepatitis C unos 13.000 y sólo 26 reciben tratamiento, lo que supone sólo un 0,2% del total, es decir, casos muy puntuales. En Castilla y León la situación mejora un poco, “gracias a la actividad reivindicativa de las plataformas de afectados”, pero aún así el medicamento sólo llega al 1,5% de los afectados, es decir 13 enfermos tratados de los 869 contagiados en un población reclusa de 4.342 personas.
Mesa informativa en Topas
Respecto a Salamanca, en Topas, donde mañana a las cinco de la tarde la Plataforma instalará una mesa informativa coincidiendo con las visitas y las comunicaciones, se ha conseguido la medicación para 8 presos de los aproximadamento 160 que padecen la enfermedad, teniendo en cuenta, según los cálculos de la Plataforma, que el virus afecta al 20% de los reclusos, algo más de 800 en la actualidad en la macrocárcel salmantina.
“Llevamos más de año y medio solicitando poder realizar charlas informativas sobre hepatitis C dentro de los centros penitenciarios de Castilla y León, en colaboración con la dirección y con sus Servicios Médicos. Ante la negativa y el silencio continuado de Instituciones Penitenciarias y del Ministerio del Interior, hemos optado por facilitar a las familias información sobre su vía de contagio y la forma de prevenirla y erradicarla”, aclara la Plataforma sobre el acto previsto mañana en Topas, donde estarán hasta las siete y media de la tarde.
Tanto en esta convocatoria como en la concentración de esta mañana, los integrantes de este colectivo denuncian que “la política de recortes sanitarios del Gobierno en funciones constituye una vulneración de los derechos humanos de la población reclusa, al incumplir de forma reiterada lo establecido en el Plan Estratégico aprobado para el abordaje de la hepatitis C”.
Como conclusión y trasfondo de este problema, los afectados insisten en que la solución pasa por “liberalizar la patente del medicamento o que el Gobierno negocie mejores condiciones, pero claro, la farmacéuticas son intocables, no es ni medio normal que se paguen 25.000 euros por un tratamiento que cuesta 100 en otros lugares”.
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