La Asociación de Jugadores Patológicos de Valladolid (Ajupareva) ha solicitado este martes “la adopción inmediata de medidas eficaces por parte de la Administración para frenar el aumento masivo de jóvenes que se encuentran enganchados a los juegos de azar o apuestas deportivas, entre otros”.
El colectivo, que hace esta reclamación coincidiendo el XV Congreso de Juego de Castilla y León, que se celebra estos días en la capital vallisoletana, ha recordado que más de 2.600 pacientes han sido “tratados y rehabilitados” a través de Ajupareva durante los últimos 28 años. Entre enero y octubre de este 2018, la entidad ha registrado 88 nuevos ingresos, cuatro de mujeres y 84 de hombres. “Algunos de estos nuevos casos presentan edades muy tempranas –la edad media es de 32 años– siendo los adolescentes y jóvenes el colectivo más vulnerable y con mayor riesgo, y cuyas edades han ido disminuyendo, al tiempo que la problemática ha ido diversificándose”, ha señalado el presidente de la asociación, Ángel Aranzana.
Según las estimaciones de la agrupación, la adicción al juego on line se encuentra detrás del 37,12% de los casos y las apuestas presenciales, del 10,20%, lo que representa un total de 47,32% de los ingresos al Centro para el Tratamiento y la Rehabilitación de Adicciones Sociales de Valladolid (CETRAS). El otro 52,68% incluye salones de juego, tragaperras, ruletas electrónicas, etc.
Como indica el representante de Ajupareva, “las cifras de negocio, de beneficios, de instalación de lugares de juego y de gasto en publicidad, así como otras múltiples variables de esta actividad, son incuestionables y reconocidas por las propias administraciones, lo que supone un hándicap para nuestra entidad”.
En este contexto, y en línea con el posicionamiento de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), desde el colectivo se insta a la puesta en marcha del Decreto de Publicidad y Juego Responsable y a la adopción de medidas sancionadoras para los operadores y agentes de juego que incumplan la ley. Asimismo, la Asociación de Jugadores Patológicos reivindica “edidas restrictivas y adecuadas para la instalación de nuevos lugares de juego; tolerancia Cero con el juego en menores y autoprohibidos; mecanismos efectivos de control y unificación de legislaciones, así como concienciación de las entidades locales y financiación de los recursos asistenciales para el tratamiento de las personas afectadas”.
“Modelo de una adecuada regulación del juego privado”
Precisamente este martes Valladolid ha acogido la inauguración del XV Congreso de Juego de Castilla y León, un acto presidido por el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha manifestado que esta Comunidad “puede servir de modelo para toda España sobre una adecuada regulación del juego privado y el mantenimiento de un volumen de actividad moderado y admisible socialmente”.
El encuentro reúne hasta este miércoles a representantes políticos de más de diez CCAA y del Estado y a más de 300 empresarios de los sectores de máquinas de juego, salones, casas de apuestas, bingos y casinos de toda España. Durante su intervención, De Santiago-Juárez ha remarcado que la política del Gobierno de Castilla y León sobre el juego y las apuestas tiene dos claros objetivos: “primero, proporcionar un modelo de juego responsable para los consumidores y usuarios y, segundo, ofrecer seguridad jurídica al sector empresarial de cara a que conozca con certeza las exigencias que la Administración le va a imponer en su actividad”.
En lo que respecta al primer objetivo, ha destacado la necesaria protección de los derechos de los usuarios y de la salud pública, “con especial atención a los menores y a los colectivos de jugadores que puedan requerirla, y la prevención y la lucha contra el fraude en el juego”.
En su intervención, el consejero ha señalado que desde que se despenalizó el juego, en el año 1978, esta actividad “no está prohibida ni debe ser proscrita”, porque es “una actividad empresarial más que se realiza en libertad de mercado, generando empleo y recursos económicos que favorecen el desarrollo de la sociedad en libertad y está sujeta a una regulación completa y estricta que incluye importantes elementos de protección de los ciudadanos”.
Una regulación adecuada
En este sentido, el representante de la Junta ha asegurado que las propias asociaciones de personas que padecen problemas con el juego “reconocen que el mejor sistema es su adecuada regulación, no su prohibición, que conllevaría la aparición del juego clandestino”, y ha recordado que el juego privado presencial en la Comunidad “está admitido socialmente, perfectamente regulado, muy controlado y se practica en un volumen de normalidad en personas jugadoras, en cuantías jugadas y en establecimientos existentes”.
Sobre el juego problemático, desde la Consejería de la Presidencia se considera “que no existe significativamente”. Para corroborar esta afirmación, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico ha indicado que, en España, el dato oficial que se maneja sobre posible juego problemático se sitúa en torno al 0,3% de la población de entre 18 y 75 años.
“Teniendo en cuenta que la población de residentes en Castilla y León mayor de edad es de unos dos millones de personas, a Castilla y León le deberían corresponder más de 6.000 afectados. Sin embargo, a 31 de diciembre de 2017, solo 613 personas estaban inscritas, a petición propia o por decisión judicial, en el registro de ciudadanos que tienen prohibido el acceso al juego en Castilla y León”, se sostiene en una nota de prensa desde la Consejería de la Presidencia.
No obstante, el consejero ha reiterado el compromiso “de estar atentos a las nuevas tendencias sociales” y de que, “si surgen problemáticas especiales, la Junta de Castilla y León apoyará a estas personas y las protegerá a través del sistema público social y de salud”.
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