El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social tiene previsto revisar el actual protocolo frente a la listeria tras observar que existen “posibilidades de mejora”. Así lo ha anunciado su máxima responsable, María Luisa Carcedo, durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso para explicar las actuaciones de su departamento durante el brote de listeriosis declarado en Andalucía, el más grave de los registrados en España.
“En España tenemos un sistema de seguridad alimentaria muy riguroso, reconocido entre los mejores, y el protocolo de listeria está en línea con la legislación europea. La red nacional de alertas ha funcionado; ha estado vigilante y ha trabajado para la adecuada asistencia a los afectados y para eliminar los riesgos asociados al brote, pero debemos analizar cualquier posibilidad de mejora”, ha explicado.
En este sentido, ha avanzado que el Ministerio propondrá “una revisión del sistema y del protocolo frente a la listeria” en el marco de la Ponencia de Vigilancia de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del SNS, del que forman parte las CCAA.
Además, ha reconocido ser consciente de que “hay aspectos de la Ley General de Salud Pública que están pendientes de desarrollo”, por lo que ha explicado que desde hace meses Sanidad trabaja “en un nuevo decreto de vigilancia de la salud pública para incrementar la calidad de las notificaciones de las enfermedades de declaración obligatoria, como la listeria, y agilizar la intervención de las administraciones sanitarias, entre otras medidas”.
Carcedo, que ha recibido críticas por parte de los partidos de la oposición por su gestión de la crisis –”la información ha sido tardía, errónea e imprecisa”, según algunos representantes parlamentarios– ha defendido que desde que su departamento tuvo conocimiento del brote ha sido “una prioridad” trasladar a los ciudadanos “información rigurosa y transparente” sobre la alerta.
La información, “un área clara de mejora”
“La calidad y la oportunidad de la información a lo largo del brote ha ido mejorando a lo largo de la crisis, una mejora que ha coincidido con la remisión del brote. Sin embargo, es una área de mejora clara en la que se ha empezado a trabajar con las comunidades autónomas”, ha indicado la ministra, quien ha sostenido que se han producido “intercambios múltiples de información” entre su departamento y las CCAA, “principalmente Andalucía”, a cuyas autoridades sanitarias se trasladaron “sugerencias sobre la ampliación de la alerta a otros productos” elaborados por Magrudis.
“Todavía estamos pendientes de mucha información que nos ayudará a determinar dónde se produjeron los fallos y, en caso necesario, depurar responsabilidades”, ha recalcado María Luisa Carcedo. Entre esta información determinante, ha enumerado “los resultados de la investigación de la Fiscalía”, “el informe final de los técnicos sobre el funcionamiento de la empresa”, los datos relativos “al sistema de autocontrol de puntos críticos de riesgo” que debe tener Magrudis y “la información epidemiológica final del brote”.
Todo ello, ha añadido, permitirá evaluar lo sucedido para establecer mejoras que garanticen, “no solo la salud de la población, que es lo prioritario”, sino también “que la industria agroalimentaria de nuestro país mantenga sus altos estándares de calidad en un entorno empresarial que sabemos muy competitivo”.
“Seguimos trabajando para mentener nuestros altos niveles de seguridad alimentaria y evitar que este tipo de brotes vuelvan a producirse”, ha subrayado.
“A los ciudadanos les importa bien poco de quién es la competencia”
Durante sus explicaciones a los representantes de la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso sobre las acciones del Ministerio durante la crisis, María Luisa Carcedo ha recordado cuáles son las competencias de las distintas administraciones en estos casos, aunque ha recalcado: “A los ciudadanos les interesa bien poco de quién son las competencias, y lo que demandan en estas situaciones es información transparente, coordinación y actuaciones eficaces”.
No obstante, ha señalado que las consejerías de Sanidad “tienen plena autonomía para el ejercicio de sus competencias, dentro de un marco comunitario de legislación”, y que, en materia de seguridad alimentaria, corresponde a las CCAA, “el control sanitario de la producción, almacenamiento, transporte, manipulación y venta de alimentos o bebidas relacionados con la alimentación humana y el estudio, vigilancia y análisis epidemiológico de los procesos que inciden positiva y negativamente en la salud humana”.
En este sentido, ha añadido, las comunidades autónomas “son la autoridad competente para evaluar y dar el visto bueno al sistema de autocontrol de las empresas o establecimientos alimentarios”, y son los responsables de las empresas quienes deben aportar a la administración “pruebas que evidencien el buen funcionamiento del mismo”. Mientras, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social es el responsable “de la coordinación de la red de alerta de Salud Pública y de la red que vela por la seguridad alimentaria”.
En su comparecencia, Carcedo ha explicado que fue el viernes 16 de agosto cuando las autoridades sanitarias andaluzas informaron oficialmente de la existencia de un brote de intoxicación alimentaria provocado por listeria y asociado al consumo de carne mechada de la marca La Mechá.
La información fue comunicada a través de las dos redes de alertas nacionales sobre salud pública y seguridad alimentaria –el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, dependiente de la AECOSAN–, que el Ministerio “activa inmediatamente” y que “trasladan diariamente la información a todas las CCAA ante la posibilidad de aparición de casos”. También, ha apuntado Carcedo, “para que localicen e inmovilicen el producto asociado al brote que haya podido llegar a sus territorios”.
El 20 de agosto, ha recordado, “las redes nacionales comunican el brote a la Red de Alerta Rápida y Respuesta de la UE y a la Organización Mundial de la Salud, y también a la Red de Alerta Alimentaria de la UE y a INFOSAN, la red de alerta alimentaria global (OMS/FAO), a título informativo, porque no se tenía conocimiento de que el producto contaminado hubiera salido del país”.
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