Arrancan las protestas contra la paralización de la OPE de Enfermería en un clima de máxima indignación

El terremoto que ha supuesto la decisión judicial, adoptada para evitar “un perjuicio mayor” que el que supondría la anulación del proceso una vez realizado el examen, es de intensidad creciente en las redes sociales y ha dado lugar a las primeras movilizaciones. Esta mañana, UGT, CCOO, CSI-F y SATSE han avanzado la convocatoria de una concentración masiva a las 12:00 horas del próximo martes, 17 de noviembre, frente a la Consejería de Sanidad de Castilla y León, aunque el Sindicato de Enfermería ya ha protagonizado hoy mismo algunas protestas, como la desarrollada en la entrada del Hospital Universitario de Salamanca.

Muchas de las organizaciones sindicales que representan a enfermeros y enfermeras han solicitado también que se depuren responsabilidades, exigiendo la dimisión del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, que ayer reconoció que se “arriesgó” a convocar en un solo procedimiento las plazas ofertadas en los años 2009, 2010 y 2011 “para dar estabilidad a los profesionales, ya que estos puestos estaban ocupados por personal interino”, a pesar de que la legislación vigente establece un máximo de tres años para ejecutar una oferta de empleo de este tipo, por lo que el plazo para convocar estos procesos venció, respectivamente, en 2012, 2013 y 2014. 

Nulidad “de pleno derecho”

Finalmente, esta irregularidad motivó la impugnación de la OPE por parte de la Administración General del Estado, que argumenta también que la oferta supera los límites de déficit público máximo. Ante esta determinación ddel Gobierno central, el TSJCyL decidió actuar de forma cautelar y paralizar la celebración de las pruebas con el fin de evitar males mayores, al considerar, como refleja en su resolución, “que la carencia de oferta de empleo público válida constituye “un supuesto de nulidad de pleno derecho” de la convocatoria.

Por su parte, el máximo responsable sanitario de la Comunidad, que ayer pidió disculpas a los miles de afectados por esta medida y confió en que las oposiciones puedan celebrarse “en breve”, explicaba a los periodistas que la agrupación, en un procedimiento, de las plazas pendientes desde hace seis años -hasta un total de 554- se hizo con el fin de ofertar el mayor número de puestos para consolidar empleo y que esta decisión contó con el respaldo de las organizaciones sindicales, que, según señalaba, en dos ocasiones acordaron con la Junta mantener la convocatoria a pesar de su impugnación por parte de la Administración General del Estado.

En pleno clima de crispación, estas manifestaciones no han hecho más que avivar la llama, y los sindicatos han criticado con dureza al consejero de Sanidad, al que han acusado de mentir. “Señor consejero, asuma su culpa” o “el consejero lo sabía y se lo calló” son algunos de los comentarios que hoy pueden leerse en las redes sociales de SATSE Castilla y León, que esta mañana convocaba una rueda de prensa urgente para expresar su opinión sobre lo sucedido y anunciar sus próximas acciones al respecto.

Peticiones de dimisión

Mientras, desde Comisiones Obreras se aseguraba que Sáez Aguado “no ha dicho la  verdad”, y que el sindicato “no ha sido informado en Mesa Sectorial del recurso ni de la posible suspensión cautelar de las oposiciones”, por lo que cree que “faltar a la verdad ante la opinión pública y los trabajadores le inhabilita para seguir desempeñando su cargo”.

“Las declaraciones del consejero de Sanidad, escondiendo sus responsabilidades por la vía de derivarlas a otros, tanto a la Administración General del Estado como a las organizaciones sindicales, dicen mucho sobre la manera en que Sáez Aguado desempeña sus funciones. CCOO quiere recordar que no es la primera vez que suceden cosas de este tipo. Este sindicato ha denunciado ante los tribunales de Justicia durante todos estos años las diversas irregularidades que la Consejería ha cometido en lo referente a plantillas, a nombramientos a dedo, a saltarse la normativa de bolsas de empleo, a convocar la Carrera Profesional… El resultado ha sido una retahíla de condenas, incluyendo costas que deben abonarse con dinero público, lo que supone un despilfarro económico auténtico”, señala la organización en una nota de prensa.

En el caso concreto de la OPE de Enfermería, continúa Comisiones Obreras, “además de los perjuicios personales y económicos que recaen sobre los opositores, que ya tienen contratados viajes y hoteles y que han dejado sus vacaciones para profundizar en su estudio en estos últimos días, hay que contar también en el gasto que supone la suspensión de la oposición diez días antes, cuando ya están contratadas las aulas, el personal… Dinero público que, una vez más, se tira a la basura por la irresponsabilidad de quien convocó una oposición saltándose la normativa legal y la actuación de quien dice apostar por el empleo pero que, en realidad, trata de dinamitarlo por todos los medios”.

La Junta da cumplimiento al auto judicial

Por su parte, el Sector de Sanidad de CSI-F Castilla y León ha calificado la situación como “una tomadura de pelo sin precedentes” y ha afirmado que la “irresponsabilidad de la Consejería de Sanidad no tiene límites, al convocar las oposiciones teniendo conocimiento de que estaba incurriendo en una ilegalidad que podía dar lugar a una impugnación del proceso, como así ha ocurrido”.

En un comunicado, critica que, “para más inri“, el responsable sanitario, “que ha reconocido públicamente su culpa, quiera ahora buscar cómplices en este desatino, haciendo corresponsables también a los sindicatos”. En este sentido, ve “lamentable tratar de implicar a los sindicatos como corresponsables de este atropello, cuando ni somos los que hemos convocado este proceso, ni se ha contado con nosotros para ello, siendo la parte social la que siempre ha advertido que antes de convocar un procedimiento se revise minuciosamente que se ajuste a Derecho para evitar posibles impugnaciones”.

Ante este encendido conflicto, Sáez Aguado ha insistido en que espera que los tribunales “entren pronto en el fondo del asunto” y se pronuncien en el mismo sentido que han hecho los jueces de otras comunidades autónomas en las que se han desarrollado convocatorias similares que han contado con el aval judicial, al entender que el límite de tres años para la cobertura de las plaza no era “determinante,  ni se causaba un gasto público mayor con el proceso.

Mientras tanto, la Consejería de Sanidad de Castilla y León ha publicado hoy la orden por la que su máximo responsable resuelve “que se cumpla el auto del Tribunal Superior de Justicia en sus propios términos y, para ello, se acuerda suspender  la Orden SAN/370/2015, de 29 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Enfermero/a, del Servicio de Salud de Castilla y León, así como todas las actuaciones realizadas con posterioridad a la convocatoria”.

A todo esto, la incertidumbre creada con la paralización del proceso selectivo convocado para los profesionales de Enfermería acecha a otras convocatorias pendientes. Como advertía ayer la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO CyL), “a tenor de este proceder, es muy posible que no se publiquen las bases de las oposiciones para médicos, y mucho menos las que estaban previstas para técnicos auxiliares de Radiodiagnóstico y técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería”, una duda que también dejó en el aire el propio consejero, al reconocer que la determinación del TSJCyL hará necesario estudiar la situación de otros procesos de oposición, como el previsto para médicos, con una oferta de 311 plazas.

“Un ajuste de cuentas político”

La representante de UGT en la Plataforma de Salamanca en Defensa de la Sanidad Pública, Toñi Guerrero, considera que la situación con la OPE de Enfermería es un ajuste de cuentas político, “y no se dan cuenta que hay 20.000 afectados”. Además, lamenta que se juegue con los trabajadores que se han gastado 1.000 y 2.000 euros en preparadores, “personas que se han pedido permisos son sueldo para estar estudiando, o vacaciones, o moscosos, y han dejado a sus familias, por un ajuste de cuentas político”. Guerrero pide la dimisión del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado.