“Aquí yacen 20.000 sueños”. Es la frase que podía leerse este mediodía en los pequeños ataúdes de cartón que algunos de los participantes en la manifetación convocada contra la suspensión de la OPE de Enfermería llevaron a la protesta, convocada por CCOO, CSI-F, UGT y SATSE ante la Consejería de Sanidad de Castilla y León, y en la que han participado cientos de personas.
La cifra hacía referencia al número de aspirantes que habían puesto en las oposiciones sus esperanzas de acceder a una de las 554 plazas ofertadas en una sola convocatoria con la que la que la Junta había querido resolver de una vez los procesos pendientes de 2009, 2010 y 2011, sin prestar atención al hecho de que la normativa vigente un máximo de tres años para hacerlo, límite que se había superado en los tres casos.
Con esta circunstancia en la mano, y reforzando el argumento de la caducidad legal con el de un supuesto exceso del gasto público asociado a la convocatoria, la Administración General del Estado impugnó el procedimiento -a pesar de compartir signo político con el Gobierno autonómico- y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), a ua semana del examen, previsto para el 22 de noviembre, decidió suspenderlo de forma cautelar para tratar de evitar males mayores en el caso de que la prueba se realizara y tuviera que ser anulada posteriormente.
La indignación por la situación en la que han quedado las miles de personas que estaban pendientes de la OPE no se hizo esperar, y ha sido expresada por los propios afectados, por los partidos políticos y por los sindicatos, cuyo malestar creció aún más después de que el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, les hiciera corresponsables de lo sucedido, al asegurar que la agrupación de las plazas pendientes desde hace seis años en un solo procedimiento contó con el visto bueno de las organizaciones sindicales y que éstas, “en dos ocasiones”, acordaron con la Junta mantener la convocatoria a pesar de conocer su impugnación.
CCOO, UGT, CSI-F y SATSE han insistido en que se trata de una acusación falsa y hoy lo han vuelto a dejar claro en la manifestación, durante la que se ha pedido de nuevo la dimisión o destitución del consejero de Sanidad, a quien consideran el responsable principal de lo sucedido, por haber impulsado la convocatoria tal y como estaba planteada, a pesar de ser consciente de las reticencias de la Administración General del Estado.
Los participantes en la protesta, que cortaron el paseo de Zorrilla de la capital Vallisoletana, han exigido que se resuelva de inmediato una situación que está teniendo “graves consecuencias” para la vida personal de los aspirantes a las plazas de Enfermería.
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