El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha confirmado hoy en Salamanca que la Junta presentará “en los próximos días” un recurso de casación contra las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anulan las jubilaciones obligatorias de los médicos de Sacyl a los 65 años, decretadas por Sacyl en marzo de 2013, y que han supuesto una polémica salida forzosa de cientos de profesionales en la Comunidad.
El máximo responsable sanitario de la región ha vuelto a afirmar que le gustaría “tener una posición un poco más homogénea por parte de los tribunales de Justicia”, teniendo en cuenta “que el Plan de Ordenación de los Recursos Humanos de Sacyl fue avalado por el TSJCyL en sus salas de Burgos y Valladolid al rechazar dos recursos contra el llamado plan de jubilaciones”. Además, ha recordado, existen “casi 30 sentencias favorables por casos individuales emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en su sala de Burgos”, frente a las dos falladas en Valladolid “a favor de los interesados”.
De este modo, la Consejería echa en falta “un criterio homogéneo” a la hora de resolver estos procedimentos, muchos de los cuales todavía siguen pendientes, aunque sindicatos y médicos afectados confían en que las próximas sentencias sigan la línea de las dos emitidas en Valladolid.
Mientras, Sáez Aguado, que ha asegurado que con esta medida la plantilla de los centros sanitarios “se ha rejuvenecido”, ha apuntado que “las leyes del Estado y de la Comunidad Autónoma estabecen que la jubilación es a los 65 años”, aunque puede producirse una prolongación de la vida laboral en el caso de que “no existan sustitutos” para el profesional o éste desarrolle “técnicas específicas” que sólo es capaz de realizar él.
Déficit
Por otro lado, y preguntado sobre la posible desviación del objetivo de déficit en Castilla y León, que se ha llegado a vincular al gasto sanitario, el consejero ha indicado que el año “todavía no se ha cerrado”, aunque ha admitido que “es posible que ocurra” y que, si así fuera, los motivos “son claros”. Por un lado, ha dicho, “el modelo de financiación de la Sanidad es insuficiente, como hemos advertido desde la Junta en numerosas ocasiones”. Además, este año “el objetivo de déficit es mucho más estricto”, a diferencia de lo que sucedió en 2013, cuando éste se flexibilizó.
En este contexto, ha considerado Antonio María Sáez Aguado, “en ese posible incumplimiento influyen muchas circunstancias”, una de las cuales es “la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías, muy costosas”, al igual que la de medicamentos “mucho más eficientes, más eficaces y cuyo coste es mucho mayor que los anteriores”. En este sentido, ha mencionado los nuevos tratamientos contra el cáncer y contra la hepatitis C, cuya administración “se está iniciando” en Castilla y León.
“Sobre la base de un modelo de financiación insuficiente para las necesidades reales, esta Comunidad ha sido capaz de garantizar el núcleo de la Sanidad pública, y no sólo se han mantenido servicios, sino que se han ampliado”, ha recalcado el consejero, quien ha insistido en la “presión de la tecnología y las terapias innovadoras y en la presión demográfica -“la población es cada vez más mayor y con más necesidades asistenciales”- a la hora de motivar esa posible desviación del objetivo de déficit.
Hepatitis C
En relación a la incorporación a la financiación pública de los nuevos tratamientos contra el virus de la hepatitis C, Sáez Aguado ha afirmado que ya “se han dado instrucciones a los servicios de Farmacia y a los hospitales en general para que faciliten estos tratamientos de acuerdo con los criterios clínicos establecidos”.
Sobre esto, ha recordado que se constituyó un grupo de trabajo con profesionales de los servicios de Aparato Digestivo y de Farmacia de la Comunidad, entre ellos de Salamanca, para fijar “las indicaciones de cada nuevo medicamento, en congruencia con el documento nacional”. A partir de ahora, ha apuntado, su administración “depende de las indicaciones clínicas, sin otras restricciones, porque en Castilla y León no hay limitaciones administrativas al acceso a los medicamentos autorizados en España”.
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