El Foro de Atención Primaria exige la paralización del decreto sobre incapacidad temporal

El Foro, integrado por cinco sociedades científicas, la Organización Médica Colegial (OMC) y el sindicato CESM, ha solicitado a los Ministerios de Trabajo y Sanidad que se suspenda la entrada en vigor de la norma y que se revise “en la próxima legislatura para adaptarla a las verdaderas necesidades de profesionales y trabajadores”.

Como recuerda en una nota de prensa, en la actualidad “son los médicos de Atención Primaria los que tradicionalmente han asumido la emisión de los partes de baja, confirmación semanal y alta en la práctica totalidad de los procesos, así como de los informes complementarios en las semanas 10 y 30”.

En opinión de estos profesionales, “se trata de un sistema anticuado, poco operativo, basado en partes semanales, sin relación con la clínica o con la realidad laboral del país”, por lo que “la proximidad de los centros de salud al domicilio del paciente ha sido el único motivo para asumir la gestión de la IT, a pesar de que la mayor parte de las incapacidades de media y larga duración se deben a procesos complejos de seguimiento en atención hospitalaria”.

Excesiva burocracia

El real decreto de 2014 y la orden que lo regula, de 2015, “suponen un cambio de burocracias y desaprovechan la posibilidad de modernizar la gestión de la incapacidad laboral”, ya que:

1º.- “Se sustituye una burocracia basada en la desconfianza hacia el trabajador, obligado a realizar una comparecencia semanal, por la desconfianza en el profesional, que se verá obligado a realizar un elevado número de informes: hasta ocho o nueve en las bajas que agoten el plazo legal de un año”. Para el Foro de Médicos de Atencion Primaria, contra esta medida “es suficiente con verificar la nula utilidad de los partes complementarios actuales, acumulados en los servicios de Inspección sin que nadie los supervise”.

2º.- “Se establece un farragoso sistema de duración estimada, con bajas muy cortas, cortas, medias y largas, basadas en datos estadísticos que no guardan relación con la práctica clínica. Se añade a ello la delimitación de plazos diferentes para la revisión y la confirmación, sin utilidad práctica, y en base a las mismas tablas de duración óptima de dudosa fiabilidad y utilidad. Se desaprovecha así la oportunidad de cambiar el modelo a un sistema de plazos de revisión basados en la clínica y en la estimación del profesional, especialmente en los procesos severos o graves”.

3º.- “Se indica la necesidad de rellenar un informe complementario cada dos partes de confirmación, lo que supone seis informes clínicos al año. Además, se establecen tres informes de control complementarios por parte de la Inspección o el médico de Familia, es decir, nueve partes al año. Parece ignorarse por parte del legislador que los servicios de Inspección tienen acceso a la historia clínica electrónica, presente en la mayor parte de los servicios sanitarios”.

4º.- El real decreto establece que el parte médico de baja por incapacidad temporal, “cualquiera que sea la contingencia determinante, se expedirá inmediatamente después del reconocimiento médico del trabajador por el facultativo del servicio público de salud que lo realice”. Es decir, aclara la organización médica, “los partes de baja, confirmación y alta serán emitidos por el médico que atiende al paciente, lo que en una gran parte de los casos obligará a realizar el procedimiento en servicios de Urgencias y en hospitales”. Pese a todo, añade, ni el decreto ni su desarrollo aclaran “suficientemente con qué medios contarán en planta, consultas y Urgencias para asegurar la continuidad entre los diferentes profesionales que asumen la atención del paciente dentro del hospital o en la continuidad bidireccional con Atención Primaria”.

Conflicto entre profesionales

Según indican las entidades representadas en el Foro, “no se ha procedido a preparar los medios informatizados o manuales que aseguren su emisión en el medio hospitalario, dando por hecho que seguirán siendo los médicos de Familia los que asumirán la gestión y control de la IT, contraviniendo la legislación”. Por ello, anuncian que solicitarán a todos los profesionales “que sean absolutamente estrictos en el cumplimiento del real decreto, con el fin de evitar que una mala aplicación de su parte, ya sea por activa o por pasiva, les suponga incurrir en cualquier tipo de falta sancionable”. Esto supone, por tanto, que los facultativos de Familia “solo asumirían la incapacidad temporal en aquellas patologías cuyo diagnóstico y seguimiento realicen directamente”.

A este respecto, avisan de que tendrán que ser el Gobierno y las comunidades autónomas “los que asuman las consecuencias del previsible conflicto entre profesionales sobre la aplicación del real decreto, que podrá ocasionar la falta de cobertura a los trabajadores en su derecho a la incapacidad temporal y su compensación correspondiente”.

Así, y ante la coincidencia de la entrada en vigor del texto “con el inicio de la campaña electoral”, creen “aconsejable una rápida respuesta del Ministerio de Trabajo que garantice el derecho de los trabajadores y facilite el trabajo de los profesionales, evitando que se pueda producir un conflicto completamente innecesario”.

Además, el Foro de Atención Primaria va a iniciar una campaña informativa dirigida a los ciudadanos y a todos los agentes sociales implicados en este tema -CEOE, sindicatos, Defensor del Pueblo, partidos políticos, OCU…- y elaborará, con asesoría jurídica, “un informe con las recomendaciones de actuación para los profesionales en el caso de que este decreto entrara en vigor”.

La AP en la última legislatura

Por otro lado, y ante el próximo cambio de legislatura, las entidades que forman parte del Foro han analizado la evolución de la Atención Primaria en los últimos cuatro años, resultando una conclusión “negativa” en la que destacan los siguientes:

• En los últimos cuatro años se ha registrado una disminución en el gasto de salud en España del 14,7%, fundamentalmente a expensas de la Atención Primaria.

• El Sistema Nacional de Salud (SNS) “ha pasado de ser un sistema de Sanidad universal pública a un sistema de aseguramiento, y más de 800.000 habitantes han sido excluidos de la asistencia”.

• Se ha generado “una limitación en el acceso a determinados recursos sanitarios, como el ocasionado por el incremento del copago, que ha afectado fundamentalmente a los pensionistas”.

• “La diferente aplicación de las normativas por parte de las comunidades autónomas ha incrementado las desigualdades en salud”.

• Los médicos de Atención Primaria “nos hemos sentido ignorados estos años por las autoridades sanitarias”.

• La “opacidad” de las diferentes administraciones autonómicas “ha hecho imposible conocer con exactitud los datos de la tasa de reposición de los últimos años”, aunque el foro estima que está “entre el 5 y 15%”. Por ello, sostiene, “la promesa de conseguir una tasa del 100% en Sanidad para 2016, aun en el supuesto de que se concrete, será insuficiente para cubrir las pérdidas de puestos de trabajo en estos años”, en los que “la precariedad laboral ha continuado siendo la norma en las contrataciones”.

Pese a todo, los profesionales destacan algunos aspectos positivos:

• Los médicos están entre los profesionales “mejor valorados por los ciudadanos en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (81%)”, y los resultados de la encuesta de satisfacción del SNS también son favorables, con un 7,3 respecto a los médicos de Primria y un 6,8 a los especialistas hospitalarios”.

• Este año se han cubierto todas las plazas de médicos de Familia de las plazas MIR ofertadas.

• El documento Building primary care in a changing Europe, recientemente publicado y que analiza más de 30 países, “reconoce las fortalezas de Atención Primaria en España, situándola entre las seis mejores de Europa”.

Sin embargo, y como conclusión, la organización advierte de que “el esfuerzo personal de los profesionales para proporcionar a la población una atención sanitaria de calidad no podrá mantenerse durante mucho más tiempo si no se acompaña de un aumento en la inversión de recursos”.

El Foro está formado por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), CESM, la OMC, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP).