El Consejo Estatal de Estudiantes Medicina (CEEM) ha denunciado los planes de apertura de nuevas facultades de Medicina en el país -entre ellas la demandada en Burgos- un hecho que, según sostiene la entidad, agravaría el superávit médico, mientras siguen bajando las plaza de formación especializada vía MIR. El CEEM llevará su preocupación al Foro de la Profesión Médica en España (FPME) con el fin de que se aborde “este problema que afecta a la población médica actual y futura”.
Según han explicado los futuros médicos en un comunicado, en los últimos años el crecimiento de facultades de Medicina “ha sido espectacular”, pasando de 28 en el curso 2008-2009, a 40 en el periodo 2012-2013, un incremento que ha hecho crecer los números clausus hasta llegar a más de 7.000 estudiantes de nuevo ingreso, frente a los 4.500 anteriores. En “contraposición”, subraya el colectivo, “las plazas MIR han disminuido hasta 6.102”.
En este contexto, el CEEM, que representa a los alumnos de todas las facultades de Medicina españolas, recuerda que durante las últimas semanas “la prensa ha sido testigo de cómo el rector de la Universidad de Burgos se ha sumado a las instituciones académicas que piden una nueva facultad, uniéndose a la Universitat de les Illes Balears, la de Vic, la Universidad Católica San Antonio de Alicante y la Mare Nostrum University”. Pese a todo, hace unos días el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado rechazaba la inclusión de los estudios de Medicina en la Universidad burgalesa, argumentando que en la Comunidad existe “un equilibrio razonable entre la oferta y la demanda” y que la región no podría absorber “100 o 200 médicos más cada año”, por lo que consideraba que las facultades de Salamanca y Valladolid son suficientes en este momento.
No obstante, el colectivo destaca que hay que añadir a estas demandas los proyectos “de las universidades de Jaén, Huelva y Almería, cuyos planes de estudio ya se encuentran aprobados por la ANECA y siguen mostrando su interés por la apertura de estos centros, a pesar de las dificultades económicas que les impidió hacerlo previamente”.
Por ello, los representantes del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina “quieren alertar de nuevo a la sociedad médica, educativa y a la ciudadanía en general” sobre estos “desafortunados” planes, y abogan por la realización “de un estudio demográfico estatal sobre las necesidades futuras de médicos, aprovechando la creación del registro de profesionales, que justifique la creación o no de dichas facultades de Medicina”. Asimismo, denuncian “que la apertura de estos centros se haga en base a presiones que no atienden al interés general y a las necesidades reales”.
La “fuga” de profesionales, un riesgo
A este respecto, el CEEM advierten de que “la sobreproducción de futuros médicos no sólo es negativa para la profesión, sino también para el Estado”, recuerda que la formación médica de calidad “requiere una gran inversión” por parte de la Administración y apunta que, “en caso de exceso, ocasiona una fuga y pérdida de profesionales y una pérdida de recursos en la formación de profesionales que finalmente no ejercerán en España, sino en otros destinos”.
A su vez, añade el colectivo, “el número de egresados en Medicina debe ser coherente con la oferta de plazas MIR, ya que, en caso contrario, tendremos una bolsa de titulados salientes de las facultades sin oportunidad de acceder a la formación especializada y, por ende, sin posibilidad de trabajar en la principal salida profesional de la Medicina, la asistencia clínica”.
Sin embargo, estiman que mientras en los próximos “dos o tres años se superarán los 7.000 recién egresados por curso”, la oferta MIR actual se sitúa alrededor de los 6.000 puestos, una situación que consideran ya “muy alarmante”, dado que este número se está revisando a la baja en las últimas convocatorias.
Por estas razones, los estudiantes de Medicina solicitan, “un año más”, que se realice “una moratoria a la apertura de facultades de Medicina del Estado hasta que dicha medida esté justificada” y, a tal efecto, lanzan “una llamada de atención a las autoridades competentes: el Ministerio de Educación, las comunidades autónomas y a la ANECA”.
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