La profesión médica rechaza la “prescripción enfermera” aprobada en la Comunidad Valenciana

El Consejo aclara que no existe la “prescripción enfermera”, por lo que utilizar este término genera equívocos. En la actualidad, el artículo 79 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, confiere a los enfermeros la facultad para, de forma autónoma, indicar, usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios de uso humano relacionados con su ejercicio profesional, mediante la correspondiente orden de dispensación.

Asimismo, y conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del apartado 1 de dicho artículo 79, corresponde al Gobierno la labor de fijar, con la participación de las organizaciones colegiales de enfermeros y de médicos, los criterios generales, aspectos específicos y procedimientos para la acreditación de los enfermeros, como requisito previo y necesario para poder indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.

En cuanto a los medicamentos sujetos a prescripción médica, también se encarga al Gobierno la regulación de las actuaciones profesionales de los enfermeros, en el marco de los principios de la atención integral de salud y para la continuidad asistencial, y dentro de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, mediante la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, de elaboración conjunta, acordados con las organizaciones colegiales correspondientes, y validados por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

No son nuevas competencias

En relación con estas actuaciones de los enfermeros respecto de los medicamentos sujetos a prescripción médica, y conforme ha señalado el Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de mayo de 2013, no se trata con ello de otorgar nuevas competencias profesionales a favor de aquéllos que fueren atribución profesional de los médicos, ya que la sujeción a la prescripción médica no puede quedar alterada por el hecho de que puedan establecerse protocolos para la actividad de indicación y uso por los enfermeros, tras la correspondiente diagnosis médica y subsiguiente prescripción por los profesionales sanitarios competentes.

El CGCOM expica también que el uso, indicación y autorización por parte de enfermeros respecto de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica, se desarrollará con un marcado carácter colaborativo y con la finalidad de tratar de garantizar la continuidad asistencial y la seguridad de cualquier paciente. 

El Decreto nacional ha sido fruto del acuerdo entre los Foro de las Profesiones médica y enfermera con el Ministerio de Sanidad, tras años de desencuentro, por lo que “no entendemos que se le atribuyan finalidades fuera del texto del Decreto ni que se generen expectativas que no se corresponden con la realidad ni con la experiencia fuera de España (escasísima en otros países y basadas en entornos muy concretos y con una alta especialización enfermera) ni con la experiencia de Andalucía desde el 2009, donde ha sido especialmente positiva en el uso, indicación y autorización de material de cuidados”.

Por todo ello, el Consejo lamenta profundamente que se deje entrever, por parte de la máxima autoridad sanitaria, una mala praxis médica en el control de la medicación del paciente, en el gasto en medicamento tras años de modelo de prescripción por principio activo y en propagar que se produzcan más encuentros con el personal de enfermería que con los médicos.

En la misma línea, ayer el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) alertñi de que la prescripción enfermera devalúa la prescripción médica y además pone en riesgo “la salud de la población expuesta”, por motivos ajenos a la eficiencia asistencial.

CESM-CV ya se mostró en contra del contenido del Decreto 13/2018 que establecía, para la enfermería, las condiciones para el uso, indicación y dispensación de medicamentos de uso humano. Y ello porque implantaba el uso autónomo por parte de la enfermería de fármacos sometidos a receta médica, no de modo específico, extraordinario o en el marco de protocolos consensuados. Lo autorizaba en todos los casos salvo los expresamente excluidos. “Era resultado de las presiones de algunas organizaciones enfermeras para asumir poder y protagonismo en el sistema sanitario, presiones ajenas a los intereses de la mayoría del colectivo de la enfermería titulada”, apunta el secretario general de CESM-CV, Andrés Cánovas.

“Valoraciones insultantes”

Ahora, la resolución publicada el 4 de julio en el DOGV viene a trasponer en la Comunidad Valenciana algunos de los requisitos previos contemplados en la normativa nacional. “Su introducción contiene valoraciones que pueden considerase insultantes y descalificatorias contra los médicos valencianos, responsables últimos de diagnosticar las enfermedades de nuestros pacientes y de prescribir el correspondiente tratamiento”, lamenta Cánovas.

Ese mismo tono se encuentra en las “inadmisibles” declaraciones realizadas en público por la consellera Ana Barceló que, sin aportar prueba alguna, ha deslizado de modo indirecto que los médicos “somos al parecer responsables del elevado gasto farmacéutico, de los efectos secundarios de los medicamentos que recetamos y de la automedicación, razón por la que resultaría más oportuno que otros profesionales desarrollaran nuestro trabajo”.

CESM-CV garantiza a todos los valencianos que sus médicos, que gozan de su confianza, son los que van a seguir velando por su salud. Los que por su formación pueden detectar sus dolencias y aplicar los mejores remedios y con la mayor seguridad. El Sindicato Médico hace un llamamiento a todos los usuarios del sistema valenciano de salud a exigir que sea un médico quién les recete los medicamentos que precisen y no acepten que sea nadie más quien lo haga. “Sólo así volveremos a poner entre todos a la calidad de la asistencia por delante de los intereses de ciertos grupos de presión y de la miopía de algunas administraciones”, concluye Cánovas.