El Gobierno acuerda con las comunidades el reparto del fondo extraordinario de 17,4 millones para combatir la pobreza infantil

Según ha informado el Gobierno, se trata “del primer fondo de estas características destinado a combatir la pobreza infantil mediante ayudas a la alimentación, el aseo personal, el vestuario o el pago de gastos del hogar, como la luz o el agua”, y permitirá, como ha anunciado la ministra Ana Mato, “que los menores no se vean afectados por las dificultades económicas que atraviesen sus familias”.

Mato ha explicado que las cuantías que reciba cada comunidad autónoma se han fijado atendiendo a la tasa AROPE que emplea la UE para medir el riesgo de pobreza y de exclusión social. Los parámetros que dan lugar a dicho indicador tienen que ver con el nivel de privación material severa y con la densidad de desempleo de la zona sobre la que se aplica, entre otros factores. El recurso a este indicador suscitó el consenso de las propias comunidades autónomas, por lo que se haya aplicado para la distribución. En este sentido, a Castilla y León se le ha asignado un indicador del 21,7, el tercero más bajo de España, por lo que le corresponderá gestionar algo más de 677.000 euros, también la tercera cuantía más reducida del conjunto del país, por detrás de Cantabria -con un índice del 20,3 y 633.000 euros- y la Comunidad de Madrid, a la que se han asignado unos 636.000 euros y un indicador de pobreza del 20,4.

Foto de familia del Consejo Territorial.

Serán los gobiernos autonómicos los que gestionarán el envío de las ayudas a aquellas familias con hijos menores de edad que estén incluidas en sus respectivos proyectos de inclusión social, y los departamentos correspondientes deberán efectuar un seguimiento y evaluación de cuanto se les asigne del fondo, que habrá de invertirse este mismo año, y que se suma, según ha recordado la Administración, “a otras partidas contra la pobreza infantil que ha movilizado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad durante la primera mitad del presente año”.

Ampliación del acceso al fondo de viviendas sociales

Por otro lado, el Consejo Territorial ha aprobado otras medidas dirigidas a la atención de los colectivos más vulnerables, “y una de las más importantes ha sido la ampliación de los sectores de población que podrán acceder al Fondo Social de Viviendas, es decir, al cupo de residencias que las entidades bancarias pusieron a disposición de familias y personas que no podían hacer frente al pago de sus hogares o que fueron desahuciados”.

Así, aparte de los colectivos a los que favorecían las condiciones de acceso, figurarán también como beneficiarias las familias con hijos menores a cargo (ya estaban las familias con hijos de hasta tres años) que tengan problemas para pagar su vivienda o que estén en riesgo de desahucio, las personas con discapacidad o dependencia para las que permanecer en su vivienda es factor de inclusión social y las personas jubiladas o prejubiladas que hayan asumido mediante avales las deudas de sus hijos o nietos, entre otros.

Estrategia para personas sin hogar

Asimismo, el Consejo ha abordado la situación de las personas sin hogar en España, casi 23.000, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), proponiendo a las comunidades autónomas, a instancias del Ministerio, la creación de un grupo de trabajo que articule los ejes de la que será una nueva Estrategia para Personas Sin Hogar. El plazo previsto para aprobarla es el primer trimestre de 2015, y su contenido versará sobre medidas laborales, de atención social, educativos, de salud, de vivienda y de alojamientos transitorios.

Protección a la infancia

Ana Mato también ha informado ante el Consejo sobre los anteproyectos de reforma de la legislación de protección a la infancia, presentados al Consejo de Ministros el pasado 25 de abril, una reforma “que convierte a España en el primer país que instala en su ordenamiento la prevalencia del interés superior del menor”.

Los dos textos servirán para incluir modificaciones que agilizan y flexibilizan los procedimientos de acogimiento y adopción de menores, siempre en función de su bienestar, potenciando que estén con una familia “porque así se garantiza un mejor desarrollo, formación y crecimiento, según demandan asociaciones y expertos”. Además, las adopciones internacionales “se vuelven más garantistas y se refuerza la protección de niños y niñas ante casos de abusos y acoso”, de modo que funcionarios, empleados públicos y administraciones deberán trasladar a la Fiscalía cualquier situación de este tipo, puesto que, si no lo hacen, podrían incurrir en un delito de omisión. Otro de los puntos más destacados de la reforma es la protección específica que se dará a los menores ante la violencia de género, con una apuesta por promover que estén junto a sus madres.

Unificación de la tarjetas de estacionamiento para discapacitados

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha informado, además, de la unificación de los criterios de uso de las tarjetas de estacionamiento de personas con movilidad reducida, de modo que el documento que haya expedido el órgano competente en un municipio sea válido en todos los demás, sin excepción, cubriendo así una reclamación histórica de los representantes de las personas con discapacidad.