El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado un expediente de la Consejería de Sanidad, por un importe de más de 177 millones de euros, para el contrato que gestionará el servicio público de terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación asistida hasta el año 2022. Por primera vez en la Comunidad, para la adjudicación de este contrato se llevará a cabo una subasta electrónica.
Como recuerda la Administración autonómica, existen ciertos procesos que, en determinadas situaciones clínicas, requieren el uso de técnicas de terapia respiratoria. La aplicación de gran parte de estos tratamientos se desarrolla en el medio hospitalario, pero en ocasiones puede efectuarse en el propio domicilio del paciente, siempre y cuando concurran determinadas circunstancias y requisitos, evitando así hospitalizaciones innecesarias.
Son la oxigenoterapia crónica, usada para la administración de oxígeno en el domicilio a pacientes con insuficiencia respiratoria crónica; la ventilación mecánica, para el tratamiento domiciliario de la insuficiencia respiratoria crónica en pacientes que requieren soporte ventilatorio parcial o total; el tratamiento ventilatorio del síndrome de apnea del sueño -suministro de aire a presión continua positiva prefijada-; y la aerosolterapia, destinada a la administración de fármacos por vía inhalatoria mediante el uso de aerosoles.
A todas ellas hay que añadir, por primera vez, nuevas prestaciones para los pacientes de Castilla y León, como son el asistente de tos -dispositivo que simula una tos natural y ayuda a los pacientes a limpiar las secreciones broncopulmonares- y el aerosol electrónico de membrana vibrante, utilizado para mejorar el tratamiento mediante nebulizador y aumentar los efectos de la medicación.
La Gerencia Regional de Salud destina actualmente a estas terapias un importe aproximado de 22 millones de euros anuales, una partida con la que se atiende a un número de pacientes “en continuo aumento” y que se sitúa en torno a 34.000.
A estos 177 millones presupuestados por la Junta para este contrato hay que sumarles los 22,34 millones aprobados el año pasado para el suministro de gases medicinales de uso hospitalario para el tratamiento de enfermedades pulmonares obstructivas graves, anestesias, equipos de diagnóstico, conservación o transporte de órganos, tejidos o células, etcétera. Además, hay que añadir otros 329.873 euros aprobados también el año pasado para el suministro de oxígeno medicinal en botella para todas las gerencias de Atención Primaria de Sacyl.
Un ahorro de entre el 5 y el 10%
En relación al nuevo procedimiento, la Junta de Castilla y León ha destacado que para la adjudicación de este contrato de sumunistro se llevará a cabo una subasta electrónica, de modo que, tras una primera valoración de las ofertas -en las que se evaluarán aspectos no puramente económicos, como las características del servicio ofertado o la disponibilidad de equipos-, se convocará a las empresas admitidas al acto de la subasta, en la que mediante un dispositivo electrónico se permitirá la presentación telemática de mejoras en los precios y la clasificación de las ofertas a través de métodos de evaluación automáticos.
De este modo, en el momento de la apertura de la subasta cada licitador conocerá la puntuación obtenida por todos ellos en el resto de criterios, que se incorporará a la fórmula matemática que se utilizará para la reclasificación automática de las propuestas en función de los nuevos precios que se presenten, de forma que los participantes podrán conocer en todo momento cuál es el precio -siempre más bajo que el anterior- que deberán ofertar para resultar adjudicatario.
Con este sistema la Administración autonómica pretende “mejorar la transparencia en el procedimiento de contratación” y “fomentar la competitividad entre empresas, gracias a una negociación dinámica, en la que los licitadores podrán realizar un número indefinido de ofertas, siempre a la baja, frente al sistema tradicional, en el que sólo pueden realizar una propueta escrita en sobre cerrado”. Además, sostiene la Junta, “se logran reducir las cargas administrativas y los costes de gestión, tanto para la Administración como para las empresas licitadoras”.
En concreto, se estima poder alcanzar una reducción de los precios respecto a los marcados en la licitación de entre el 5 y el 10%, lo que supondrá la posibilidad de destinar a otros fines asistenciales un importe de entre 9 y 18 millones de euros durante los próximos ocho años.
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