La Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) ha reclamado que se dote de plena accesibilidad a todas las campañas institucionales de publicidad promovidas por la Administración General del Estado (AGE) para que todas las personas con discapacidad puedan acceder a este tipo de mensajes en igualdad de condiciones.
Así lo pone de manifiesto la OADIS tras una queja planteada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ante este organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en la que denunciaba que las campañas audiovisuales de la AGE suelen incluir como medida de accesibilidad el subtitulado de los mensajes locutados, pero no otras como la lengua de signos, la audiodescripción, la lectura fácil o los pictogramas. De esta forma, se deja fuera y se discrimina a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, a las personas sordas usuarias de la lengua de signos y a las personas ciegas.
“En el marco jurídico vigente no se justifica que un canal preferencial de información del Estado con la ciudadanía, como es el de la publicidad institucional, no sea plenamente accesible, cuando el avance tecnológico lo permite sin mayores problemas”, lamentaba el CERMI en su denuncia, en la que advertía de que a muchas personas con discapacidad se las aleja “de cuestiones clave como la lucha contra la violencia machista, las emergencias sanitarias o el cambio climático”.
Además, alertaba de que esta situación vulnera la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
Secretaría de Estado de Comunicación
Tras la queja del CERMI, la OADIS solicitó información a la Secretaría de Estado de Comunicación, institución que apuntó que la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional y la normativa posterior emanada de la misma se ajustan a los mandatos de la Convención Internacional de la Discapacidad, aunque sí reconoce que la medida que se suele utilizar es únicamente el subtitulado en el caso de las campañas audiovisuales.
Ante esta situación, la OADIS defiende que “excluir de la publicidad institucional es una forma clara de discriminación directa”, por lo que ve “necesario” modificar las leyes actuales. Por ello, avanza que va a recomendar al Ministerio de la Presidencia y al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y al CERMI la convocatoria de un grupo de trabajo con el objetivo de que se impulse una reforma de la legislación vigente, “que excluye expresamente a diversos colectivos de la comunicación en las campañas institucionales”.
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