Los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Salamanca han mostrado su oposición a la decisión del equipo de Gobierno municipal de dejar en manos de una empresa la gestión del Programa de Promoción de la Autonomía Personal destinado a personas en situación de dependencia o discapacidad y que supondrá un importe “de casi 130.000 euros anuales”. Según el PSOE, este servicio “costaría mucho menos dinero y se realizaría con mejores garantías si fuera prestado por técnicos y personal del propio Consistorio”.
El PSOE ha asegurado que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado, “con la oposición del Grupo Municipal Socialista, el pliego de cláusulas administrativas para contratar con una empresa privada la prestación del Programa de Promoción de la Autonomía Personal”.
El servicio municipal está destinado “a personas de más de tres años empadronadas en la capital que presenten situaciones de dependencia o discapacidad y que vivan en un su propio hogar o en un ambiente familiar”, y busca “solventar las dificultades, apoyar o cubrir las carencias que presenten estas personas en la atención a sus necesidades o en la integración, y para las que otros recursos han resultado o se han considerado insuficientes, inadecuados o concluidos”.
Según el PSOE, el Ayuntamiento “vuelve a insistir en su política de privatizar servicios sociales o asistenciales que deberían tener carácter público y ser prestados por el propio Consistorio”.
La decisión de “privatizar este servicio”, continúa el Grupo Socialista, tendrá un coste para las arcas municipales de más de 128.700 euros “por cada uno de los años contratados, con las correspondientes subidas o incrementos que se estipulen contractualmente”, una inversión que seria menor, “y con mejores garantías de calidad y seguridad, si su prestación es ejercida por el Ayuntamiento con personal propio o contratado para esta labor”.
Para los concejales socialistas, el servicio “puede ser acometido por el Consistorio, al no requerir infraestructuras, material, dependencias o equipamientos sofisticados, y que tan sólo demanda necesidades de personal, como son un psicólogo, dos técnicos medios con titulación en Trabajo Social o Educación Social y dos auxiliares administrativos”. Asimismo, señala que su oposición a esta medida “se acentúa más porque los pliegos de contratación aprobados por el equipo de Gobierno municipal priman los criterios subjetivos sobre los objetivos a la hora de adjudicar el servicio, lo que una vez más limita la igualdad y la libre concurrencia de todas las empresas interesadas y otorga al equipo de Gobierno un gran peso, prácticamente decisivo, a la hora de adjudicar”.
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