La Organización Mundial de la Salud declaró el 6 de febrero Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina y es reconocida como una violación de los derechos humanos, y un reflejo de la desigualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, viola los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte.
Por ello, el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ha aprobado la siguiente declaración institucional en la que declara «su firme compromiso y determinación de contribuir a eliminar la mutilación genital femenina y apoyar a quienes la sufren, en España y en el mundo».
Esta grave vulneración de los derechos humanos está ampliamente extendida. De acuerdo con UNICEF, al menos doscientos millones de mujeres y niñas en el mundo han sufrido esta grave práctica, dándose mayoritariamente entre menores de cinco años. En la Unión Europea, y según datos del Parlamento Europeo, más de quinientas mil mujeres y niñas la han sufrido; en España, según los estudios más recientes, diecisiete mil personas corren riesgo de sufrir esta agresión.
Promover la conciencia social
Ante estos datos, que evidencian la extensión y magnitud del problema, el Gobierno de España, en nombre de toda la sociedad española, muestra su más rotundo rechazo hacia esta práctica, e invita a las instituciones públicas y a la sociedad civil a que promuevan la toma de conciencia social necesaria para identificar los riesgos que implica y conocer sus consecuencias, impulsen las acciones preventivas necesarias para su erradicación y desarrollen actuaciones para asegurar el apoyo y protección efectiva a quienes la sufren, dentro y fuera de las fronteras de España.
El Gobierno, en consonancia con las recomendaciones y obligaciones internacionales, viene impulsando desde hace tiempo medidas y acciones, no sólo para perseguir esta práctica sino también para prevenirla y atender a quienes la sufren que son, principalmente, las niñas. La mutilación genital femenina daña su salud física, psicológica y sexual y afecta gravemente a su desarrollo.
En coherencia con lo anterior, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia incluye, dentro de los principios rectores de la actuación administrativa, la protección de los menores contra cualquier forma de violencia, incluida la mutilación genital femenina. Los poderes públicos tienen, de acuerdo con dicha Ley, el mandato expreso de desarrollar actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de maltrato infantil, estableciendo los procedimientos que aseguren la coordinación entre las administraciones públicas competentes.
Continuando por la senda iniciada por el Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar, aprobado por el Pleno del Observatorio de la Infancia el 9 de junio de 2014, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptó, el 14 de enero de 2015, el Protocolo común de actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina en el Sistema Nacional de Salud, un instrumento que pretende ser una herramienta útil al servicio de profesionales y orientado a la mejora de la salud de las mujeres y las niñas que han sufrido esta práctica, y prevenir la mutilación genital femenina en niñas y jóvenes que corren el riesgo de sufrirla. Es, al tiempo, una valiosa herramienta de sensibilización de cara a implicar a profesionales en la detección temprana de los posibles casos, la protección de las potenciales víctimas, y la adecuada sanción a quienes la provocan.
La difusión del estudio La Mutilación Genital Femenina en España (2015) ha contribuido a dar conocer la situación de la mutilación genital femenina en España, proponiendo recomendaciones para el desarrollo de acciones encaminadas a la atención, detección y prevención.
Protocolo de actuación
Por su parte, las comunidades autónomas, siguiendo el objetivo establecido en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, han contribuido a la difusión y aplicación de dicho protocolo, realizando acciones formativas y de sensibilización y desarrollando herramientas específicas, para la efectiva la prevención del problema y la adecuada atención a quienes la sufren en su territorios.
No obstante, es necesario continuar trabajando. Y, para ello, las Administraciones públicas tienen que intensificar la colaboración con la sociedad civil y las asociaciones especializadas, quienes, desde una perspectiva intercultural y cooperativa, realizan un inestimable labor para prevenir su práctica, para garantizar la recuperación y protección de las mujeres y niñas a quienes se les ha practicado o están en riesgo de que se les practique, y para facilitar la formación a profesionales socio-sanitarios, trabajadores en materia de asilo y migración y profesionales del ámbito jurídico, policial y educativo.
A nivel internacional, el compromiso del Gobierno se ve reflejado en la actuación en el seno de la Unión Europea. Así, actualmente está contribuyendo a la preparación de una Opinión para combatir la mutilación genital femenina y otras prácticas perjudiciales. A este respecto, es preciso recordar que la mutilación genital femenina es un problema global que precisa de la cooperación efectiva con terceros países, del intercambio de buenas prácticas utilizadas para su eliminación, y de la recogida de más y mejores datos que den cuenta de la magnitud del problema y sirvan como herramienta de sensibilización para que la sociedad tome conciencia y se implique en el logro de un mundo libre de esta aberrante práctica.
Por todo ello, el Gobierno «manifiesta solemnemente su compromiso de continuar su acción hasta acabar con la mutilación genital femenina, desde la premisa de que el respeto y la salvaguarda de la dignidad y la integridad de las mujeres y niñas no está sujeta a transacción, ni puede estar amparada por el respeto a prácticas y tradiciones culturales de grupos específicos. En la sociedad española no tiene cabida esta grave forma de discriminación y de violencia contra las mujeres y las niñas.”
