Desmantelamiento de la Ley de la Dependencia

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que todos conocemos como la Ley de la Dependencia, ha sido una de las normas más importantes y que mayores expectativas ha generado. Fue aprobada por el Consejo de Ministros el 20 de abril de 2006, y el 30 de noviembre del mismo año, de forma definitiva, por el Congreso de los Diputados. Para financiar esta ley, el Estado aportaría 12.638 millones de euros entre los años 2007 y 2015; las comunidades autónomas, las mismas cantidades y los usuarios pagarían el 35% del total, en función de su renta. Se establecieron las ayudas en función del grado: dependencia moderada, severa y gran dependencia, y también sobre su situación económica.

Si bien la ley, desde su iniciativa, partió con bastantes dificultades, su aplicación ha sido desigual en las diferentes comunidades autónomas, tanto en la llegada de las ayudas como en su cobertura. La tramitación administrativa ha sido farragosa y la lentitud de las evaluaciones ha retrasado considerablemente la resolución de los expedientes; muchos usuarios han muerto en las interminables listas de espera antes de que se les reconociera la dependencia.

La ilusión y esperanza que se depositó en esta ley se ha ido perdiendo, y más en estos momentos de crisis, en los que se aprovecha cualquier circunstancia para hacer los recortes más salvajes de los Servicios Sociales. Los diferentes gobiernos, tanto central como autonómico, han dado un duro golpe a la dependencia, los Presupuestos Generales del Estado recogían más de un 36% de recortes en la partida de Servicios Sociales, así como en los presupuestos de nuestra Comunidad, con el único objetivo del desmantelamiento de la Ley de la Dependencia.

La política errática del Gobierno del Partido Popular, con los recortes y las modificaciones mediante real decreto de la Ley de la Dependencia, han reducido la cuantía de las prestaciones, incrementado la aportación de los usuarios y limitando la figura del cuidador familiar.

Ya no se garantizan los derechos de las personas en situación de dependencia, se han ensañado con las personas más desprotegidas y las más débiles. Cada vez es más difícil cumplir los requisitos que necesitan los dependientes para poder beneficiarse de las prestaciones.

Urge cambiar el rumbo en las políticas sociales. La protección a las personas dependientes es una responsabilidad social, y las políticas públicas deben garantizar sus derechos y mejorar su calidad de vida para vivir en condiciones dignas.