A cualquiera que preguntemos, ya sea trabajador o trabajadora, empresas o ciudadanos en general, todos nos responderán lo mismo. Que, por supuesto, son absolutamente conscientes de la importancia de la prevención de riesgos laborales. Que es necesaria, es más, imprescindible. Escuchamos frases como: “En mi empresa se toman todas las medidas necesarias”.
Las y los trabajadores aseguran que disponen de equipos de protección individual: cascos, arneses, gafas protectoras… Que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales está presente y muy pendiente… Que hay vigilancia de la salud, por lo que se les ofrecen reconocimientos médicos…
Y así las cosas, parece estar todo perfecto. Al menos en la superficie. Y digo parece porque si nos atrevemos a rascar un poco podemos hallar algunas causas de los elevados índices de siniestralidad laboral en nuestra Comunidad Autónoma.
¿Está integrada la prevención en tu empresa? ¿Las evaluaciones de riesgos están actualizadas y contemplan todos los riesgos? A estas preguntas las respuestas son bastante más imprecisas.
¿Hay en tu empresa delegado o delegada de Prevención de Riesgos Laborales (PRL)?
A esa pregunta le daré respuesta. Sólo en las empresas donde existe presencia sindical, es decir, donde se han llevado a cabo elecciones sindicales, podremos encontrar delegadas y delegados de Prevención. La propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales les atribuye las funciones de propuesta, vigilancia y control sobre el cumplimiento en materia preventiva, entre muchas otras. Incluso cuentan con la capacidad de paralizar la actividad ante un riesgo inminente. Sin la presencia sindical, tales funciones no podrán efectuarse.
Por otro lado, la crisis económica supuso “ajustes” en empresas y “recortes” en administraciones públicas. Y a consecuencia de ello, la salud laboral no ha salido bien parada. Cuando hubo que contener el gasto, las inversiones en PRL pasaron a ser prioridades de segunda. Tampoco la recuperación económica parece que haya animado a las empresas a poner la carne en el asador e invertir en seguridad y salud.
Gran error, pues la siniestralidad laboral supone costes elevados a dichas empresas. Costes salariales de jornadas efectivas no trabajadas, lo que supone el pago de las prestaciones económicas de los trabajadores y trabajadoras en procesos de incapacidad temporal; costes derivados de las prestaciones sanitarias y asistenciales; costes de productividad, como son los derivados de la contratación de sustitutos, que generan una alta rotación del personal, lo que deriva en tener dedicar tiempo valioso en formación del personal de nueva incorporación. Sin olvidarnos de un empeoramiento del clima laboral, por desmotivación de las y los trabajadores y conflictos entre profesionales. También supone la pérdida de un incentivo a la prevención como es el bonus, además del pago de prestaciones por incapacidad permanente, muerte, etc.
Los fríos datos de la siniestralidad laboral en Castilla y León esconden tragedias personales imposibles de cuantificar. No puedo evitar preguntarme si puede haber algo más triste que perder la salud o la vida en el puesto de trabajo. La salud es nuestro bien más preciado. Pongamos las cosas en orden. Que lo primero no sea lo último.
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