Privatizar servicios sanitarios

Desde hace algunos años se ha introducido en el sistema sanitario español la externalización de servicios, entregando a empresas privadas la gestión de determinados servicios, o incluso de hospitales o centros de salud completos. Todo ello se ha tratado de disfrazar con la disculpa de que la sostenibilidad del sistema lo hacía necesario, ya que la gestión privada es más eficiente que la pública. Y eso lo dicen sin ruborizase los responsables, durante muchos años, de esa mala gestión pública.

En ningún sitio está escrito que la gestión privada sea más eficiente que la pública, y la experiencia en la gestión privada de servicios sanitarios en España indica todo lo contrario (y eso que la más absoluta falta de trasparencia impide conocer a fondo los costes reales). Existen experiencias como la de Alcira, donde se entrega la gestión de todo un área de salud a una empresa privada que, a mitad del periodo contratado, decide abandonar sus responsabilidades y se rescata con dinero publico para, posteriormente, volver a adjudicar la gestión a la misma empresa, o como la construcción y gestión del Hospital de Burgos, entregado a una empresa privada, cuya construcción multiplica el coste de otros hospitales edificados directamente por la Administración y cuyo contrato de gestión incluye cláusulas de salvaguardia que garantizan las ganancias de la empresa durante 30 años y que en sólo dos años ha demostrado costar mucho más de lo previsto. Esta misma fórmula parece que quiere utilizarse ahora por el SESCAM para la construcción del nuevo hospital de Toledo.

Cuando alguien cree tener la razón y no tiene razones ocultas, las expone con total transparencia, pone las cifras sobre la mesa y acepta los resultados del debate. Aquí no ha existido dicha transparencia, nadie ha explicado con números que la gestión de la Sanidad sea más eficiente con gestión privada. De lo que se ha tratado es de enmascarar la toma de decisiones en base al verdadero objetivo: hacer negocio con la Sanidad pública, pero además con cláusulas de salvaguardia que garanticen el negocio.

Si va bien, hacemos caja; si va mal, nos rescata el Estado. El negocio está garantizado. Yo creía que el mercado y la iniciativa privada eran otra cosa y que el riesgo empresarial era condición imprescindible para su buen funcionamiento. Pero además, por si faltaba algo para que quedase claro que el negocio es el negocio, las empresas que aspiran a gestionar la Sanidad pública han iniciado un proceso de concentración empresarial, o sea que se han convertido en un monopolio o, cuando menos, un oligopolio, para poder condicionar aún más los acuerdos con la Administración sanitaria.

Resulta curioso que sea el Ejército español el que en estos tiempos de dificultad haya recuperado la gestión de servicios que había externalizado, y ello porque, haciendo cuentas, resulta que gestionarlos directamente le sale hasta un 50% más barato.

En resumen, que la gestión privada de los servicios sanitarios, que se ha justificado con la sostenibilidad y la eficiencia, no es eficiente. La sostenibilidad del sistema se basa precisamente en los profesionales y en los propios pacientes. Ambos colectivos tienen aún mucho que decir: la marea blanca es un ejemplo de responsabilidad compartida entre profesionales y ciudadanos que quieren contribuir a la mejora de un sistema sanitario que es universal, gratuito y equitativo y que debe seguir siendo público precisamente para seguir siendo sostenible (que lo es).