Ante la situación de las víctimas de la talidomida, “que llevan más de 50 años esperando a ser compensadas por los graves efectos y malformaciones sufridas a consecuencia de este fármaco”, la Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) ha iniciado la elaboración de un informe para ayudarlas “en su justa reivindicación”.
La institución, “como representante de la profesión médica”, así como los propios profesionales, “se sienten en la obligación” de apoyar a los afectados “y situarse con fuerza a su lado para que puedan alcanzar los objetivos de su justa reivindicación”. Así lo han explicado ante la asamblea los doctores Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC; Javier Font, representante de la Vocalía de Médicos de Hospitales; Carlos Molina y Pedro Hidalgo, presidentes de los Colegios de Médicos de Cuenca y Badajoz, respectivamente.
La Corporación responde así a la petición de ayuda de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE), que agrupa a más de 300 personas afectadas por una situación que ocurrió entre finales de los años 50 y principios de los 60 y que provocó el nacimiento de miles de bebés con malformaciones en las extremidades tras la ingestión de este fármaco prescrito para paliar las náuseas por parte de las madres embarazadas.
Las víctimas, que llevan años reclamando indemnizaciones, pensiones y ayudas como las existentes en otros países europeos, consideran “un agravio comparativo” lo que sucede en España, el único país en el que los afectados no reciben apoyo alguno, ni del Estado, ni de la farmacéutica Grünenthal, propietaria del medicamento.
Reparar “una injusticia”
En este sentido, el presidente de la OMC ha considerado indignante que se tolere a la compañía “discriminar a los españoles que han sufrido los efectos de la talidomida”, y ha lamentado que los sucesivos Gobiernos no hayan sido capaces de defenderles o hayan tomado acciones claramente insuficientes, a excepción del tímido intento llevado a cabo en 2010. Tras considerar que los médicos “algo tendremos que hacer, porque nuestro deber es estar al lado de las víctimas”, ha explicado que, con este informe, la Corporación pretende ayudar a reparar una injusticia.
El colectivo médico se suma así al apoyo que los afectados han recibido del Parlamento español, del Parlamento Europeo y del propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de octubre, cuando desestimó los recursos planteados por AVITE, confirmando así una sentencia que, en octubre de 2014, revocó la decisión de una jueza de Madrid que condenaba a la farmacéutica alemana a indemnizar a los afectados por la talidomida.
El Tribunal Supremo desestimó el recurso al considerar que la acción estaba prescrita, por haber trascurrido con creces -incluso en la hipótesis más favorable para los afectados- el plazo de un año establecido en la legislación civil para el ejercicio de este tipo de acciones. Dicha sentencia ha desencadenado una serie de reacciones y manifestaciones, incluso del propio Tribunal, que reconoce la injusticia de Grünenthal y argumenta en su propio fallo que la solución al problema “no está en estos momentos en los tribunales, ni ninguno se cita de algún país de nuestro entorno que haya procurado soluciones distintas del orden civil a la que aquí se pretende, lo que no anula una eventual expectativa de que la Administración tome conciencia de situaciones como la acontecida, o de cualquier otra especie, y le haga frente”.
Apoyo político
En este sentido, recuerda la OMC en una nota de prensa, “se han alcanzado acuerdos parlamentarios de la totalidad de los partidos políticos –PP, PSOE, CDC, Uniò, Izquierda Plural (IU-ICV—CHA) y UPyD- para instar a Grünenthal, como “responsable de atentado contra la salud de la humanidad”, a que asuma su responsabilidad y compense a las víctimas en España como lo ha hecho en el resto de países, sin sentencia judicial.
Asimismo, el Ministerio de Sanidad y las diferentes comunidades autónomas han instado a la farmacéutica a que indemnice a los afectados españoles, buscando una resolución global que alcance las mismas soluciones que en otros países europeos, donde la presión social ha dado resultado.
Más de 20.000 bebés mutilados
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, aunque ha manifestado su respeto por el fallo judicial, también ha expresado un mensaje de apoyo a las víctimas y la comprensión del Gobierno por su decisión de continuar con el proceso judicial, anunciando nuevas valoraciones para reconocer a más víctimas.
Ante esta situación, la Organización Médica Colegial “se siente en la obligación de elaborar y aportar un informe para apoyar a las víctimas de la talidomida a que puedan alcanzar sus justos objetivos”.
A finales de la década de los 50, la talidomida se recetaba en muchos países del mundo, entre ellos España, como tratamiento para paliar las náuseas que las embarazadas sufrían durante la gestación. Su uso se prohibió en 1961 al descubrirse que producía malformaciones en los recié nacidos. Sin embargo, en España, no se retiró oficialmente hasta 1963, pero los afectados creen posible que se distribuyera durante “tres o cuatro años más, puesto que las farmacias hacian acopio de medicamentos y no existían ni teléfonos para comunicar estas órdenes tajantes de Sanidad”. El fármaco se vendió en 50 países con 80 nombres comerciales diferentes, y se estima que fue responsable del nacimiento de más de 20.000 bebés mutilados, 3.000 de ellos en España.
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