El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha propuesto hoy, durante su intervención en el 63º Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP), que se celebra en Bilbao, que la vacuna frente a la varicela se incluya en el calendario común infantil para su administración en edad pediátrica y se mantenga en adolescentes a partir de 12 años que no hayan pasado la enfermedad.
Con este anuncio, el responsable sanitario rectifica la medida adoptada por su predecesora, Ana Mato, que no sólo no incluyó esta vacuna entre las inmunizaciones sistemáticas de la infancia, como recomiendan los pediatras, sino que en junio de 2013 ordenó su retirada del canal farmacéutico, evitando así que los padres la siguieran adquiriendo libremente.
De este modo, una vez que la propuesta sea aprobada “en un próximo pleno del Consejo Territorial del Sistema Nacional de Salud, previo análisis de la Comisión de Salud Pública” y las comunidades autónomas la incorporen a sus respectivos calendarios, la vacuna estará financiada por el sistema sanitario público y se administrará a todos los niños a partir de un año. Además, se mantendrá, como sucede actualmente, para los adolescentes a partir de 12 años que o hayan pasado la enfermedad.
Según ha recordado el Ministerio de Sanidad en una nota de prensa, la varicela “es una enfermedad contagiosa, típica en la infancia y, por regla general, de carácter benigno”. No obstante, explica, “si afecta a recién nacidos o adultos puede ocasionar complicaciones graves, producidas con mayor frecuencia cuando la enfermedad aparece a partir de la adolescencia, lo que ha provocado que la mayoría de los países europeos hayan resuelto administrar la vacuna en la preadolescencia o en la adolescencia”.
La excepción de Navarra, Ceuta y Melilla
En este sentido, añade el Gobirno, “en 2005 se estableció la recomendación de administrar la vacuna a partir de los 12 años, siempre y cuando no se hubiera pasado la enfermedad, así como en grupos de riesgo, como personas inmunodeprimidas y personal sanitario o pedagógico susceptible”, una decisión que se adoptó “porque el objetivo era reducir la incidencia de la enfermedad en edades más elevadas, cuando las complicaciones se pueden agravar, y también para proteger a dichos grupos de riesgo”.
Por ello, actualmente 16 comunidades autónomas (CCAA) inmunizan frente a la varicela a adolescentes que no hayan sufrido la enfermedad y a grupos de riesgo. La Comunidad de Madrid, “aunque en un primer momento introdujo la vacuna en edad pediátrica, se sumó a esta decisión”. Sólo Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla siguen administrando en estos momentos la vacuna en los primeros años de vida, dentro del calendario infantil. Sin embargo, como ha destacado el ministro en el congreso de la AEP, firme defensora de esta inmunización, “distintos informes del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y de la Asociación Española de Vacunología estudiados por el Ministerio abogan por incorporar la vacuna al calendario infantil y mantenerla en adolescentes (a partir de 12 años) que no hayan pasado la enfermedad, así como en grupos de riesgo”.
Para las sociedades científicas, la edad adecuada para proteger a los niños contra esta patología vírica se sitúa entre los 12 y los 15 meses, con una segunda dosis a los 2 o 3 años, la pauta que seguían muchas familias que, hasta la retirada de Varivax de las farmacias, optaban por comprar la vacuna por su cuenta. Con el cambio de postura del Ministerio las familias no tendrán que sufragar las dosis de su propio bolsillo.
Debate sobre el movimiento antivacunas
Este cambio de postura de Sanidad en relación a las vacunas -hace unos días Alfonso Alonso también anunció que la inmunización frente a la meningitis B, ahora de uso hospitalario, también podrá adquirirse libremente en las farmacias– se produce en pleno debate sobre la vacunación infantil, generado al conocerse que un niño de Olot no vacunado por decisión de sus padres había sido hospitalizado tras contraer difteria, una enfermedad de la que no se había declarado ningún caso en España en las últimas tres décadas.
Las principales sociedades pediátricas han subrayado la importancia de que a todos los niños les sean administradas las vacunas incluidas en el calendario de inmunización infantil, no sólo para proteger a los hijos, sino también, y por extensión, al resto de la comunidad. Así lo han recordado entidades como la Asociación Española de Pediatría (AEP) la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), que ha considerado que los padres que no permiten que sus hijos sean vacunados demuestran “una actitud irresponsable” que puede hacer que resurjan enfermedades que ya habían desaparecido.
La postura de la Liga para la Libertad de Vacunación
Desde el movimiento antivacunas, sin embargo, se sigue animando a las familias “a continuar ejerciendo su derecho a decidir informada y libremente sobre la vacunación, reafirmando toda decisión tomada responsablemente”. Así lo expresaba hace unos días la Liga para la Libertad de Vacunación (LLV), que en una nota informativa emitida a raíz del caso de Olot manifestaba su deseo de que el niño afectado tenga una “buena evolución” y su reconocimiento “al trabajo de los profesionales de la salud” que le atienden.
En ella, expresa también su intención “de dejar unos puntos bien claros a las familias, a los profesionales y a la opinión pública”, y asegura que la difteria “no es una enfermedad infecciosa inicialmente severa”, y “solamente cuando se complica puede evolucionar gravemente”. En su comunicado, la LLV defiende que la epidemia de difteria en España “a lo largo del siglo XX fue remitiendo independientemente de la vacuna”, y que han sido “las condiciones de vida a lo largo de los siglos XX y XXI” los que han hecho posible “este cambio en la mortalidad y morbilidad de la difteria”.
Asimismo, la entidad, que se define como “una asociación de profesionales y usuarios de la Sanidad preocupados por la rigidez e indiscriminación de los programas vacunales” afirma que en la composición de la vacuna de la difteria “están presentes otras vacunas y componentes tóxicos de alta capacidad lesiva para el organismo vacunado”, y que la aparición de una persona afectada “no significa que estemos en epidemia y que la vacuna resuelva la situación”. Por ello, continúa la nota, “exhortamos a las autoridades sanitarias, ante la actual carencia de datos certeros sobre el origen de este único caso de manifestación de la enfermedad, a que hagan un análisis contextualizado y correcto de la situación”.
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