Aumenta un 11% el número de profesionales de Sacyl agredidos en los centros sanitarios

De todos los ataques registrados e Castilla y León, 217 se produjeron en el ámbito de la Atención Especializada, mientras que 142 se registraron en los centros de salud y uno en Emergencias. El 95% tuvo lugar en el centro de trabajo, un 2% en la vía pública y un 3% en el domicilio del paciente.

Según los datos del registro oficial, facilitados por la Junta, de los 432 profesionales agredidos 275 lo fueron en los hospitales y centros adscritos, con un aumento del 31% con respecto a 2012; 156, en Atención Primaria, con una reducción del 10%, y uno en Emergencias, donde las víctimas descendieron un 80%). El personal de Enfermería fue el más afectado por estos episodios violentos, con 168 agresiones, seguido de los facultativos (140), los técnicos auxiliares de Enfermería (62) y los celadores (18), aunque otros trabajadores (odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, administrativos, etcétera), en conjunto, fueron víctimas de un total de 49 incidentes.

Como destaca la Administración autonómica, el Observatorio también revela que la inmensa mayoría de las víctmas de este tipo de ataques fueron mujeres, con 352, frente a 80 hombres, y que del análisis de la plantilla total de Sacyl se deduce que el año pasado fueron agredidos el 1,29 % de las trabajadoras de la Sanidad pública castellana y leonesa y el 0,88% de los trabajadores.

En el caso de los ataques físicos, se ha observado un aumento de las acciones violentas, tanto en los hospitales -un 28% más, al pasar de 65 a 83 casos- como, sobre todo, en Atención Primaria -un 88 % más, de 8 a 15 casos-. Por servicios, 44 incidentes se registraron en Psiquiatría, 21 en Urgencias, ocho en Medicina Interna, seis en consulta y 19 en otros lugares, incluida la calle o el domicilio del paciente.

Sobre las posibles causas que desencadenaron estos comportamientos agresivos, un 30% de los incidentes estuvo relacionado con discrepancias sobre el criterio asistencial del profesional -bajas laborales, petición de pruebas, prescripción de medicamentos-; un 22%, con una disconformidad en el trato recibido; un 26% con una descompensación psíquica y un 11% con comportamientos asociados a la drogadicción y el alcoholismo.

En cuanto al perfil del autor de las agresiones, se mantienen estables los datos relativos al sexo -un 64% de los agresores son hombres- y la tipología, ya que más de seis de cada diez de los atacantes son usuarios y el 34%, familiares, siendo el 86% de los incidentes protagonizados por una sola persona. Destaca, además, un aumento de la reincidencia, que pasa del 16% al 20%.

Delito contra funcionario público

En el transcurso de la reunión del Observatorio Regional contra las Agresiones, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha anunciado que en Castilla y León se han registrado ya 29 sentencias condenatorias por delito contra funcionario público (24 de ellas por delito de atentado y las otras cinco, por lesiones, tentativa de agresión sexual, robo con fuerza en las cosas, amenazas o desórdenes públicos), hecho que, a su juicio, supone un apoyo decisivo dentro del plan integral que la Junta puso en marcha en 2008, con la colaboración de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.

Por otra parte, el teléfono de asesoramiento 902 197 781 recibió 82 llamadas el pasado año, cuando se abrieron 54 expedientes de defensa penal, un 62% de ellos por parte de profesionales de la Medicina. De igual forma, la Administración autonómica puso a disposición de los profesionales de Sacyl el servicio telefónico 012 para la recepción de las denuncias.

El Gobierno regional destaca también las sanciones administrativas impuestas por la propia Consejería de Sanidad, “una figura novedosa que supone un complemento significativo a la actuación judicial”, con 12 resoluciones definitivas contra el agresor (dos en Burgos, ocho en Palencia y dos en Valladolid).

Dentro de este apartado, subraya “la modificación de la Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, que reconoce el derecho de los profesionales a ser respetados y valorados y les confiere consideración de autoridad pública y presunción de veracidad”, uma materia regulada hasta el momento sólo por Castilla y León y Aragón, aunque en el último pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se acordó conceder esta categoría a los profesionales sanitarios en el ámbito nacional.

Medidas de futuro

Dentro de las medidas para prevenir agresiones, la Gerencia Regional de Salud ha elaborado una nueva relación de centros en los que se han producido al menos dos agresiones en Atención Primaria, con un total de 43 -seis menos que en 2012-, de los que 20 se mantienen de listados anteriores y 23 son nuevos.

Por otra parte, del grupo de trabajo creado en 2013 en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para analizar la situación a nivel nacional y proponer medidas, destacan, entre sus conclusiones, la necesidad de desarrollar convenios de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por último, la auditoría realizada por la Inspección General de Servicios de la Junta de Castilla y León a propuesta de la Gerencia Regional de Salud “ofrece buenos resultados en cuanto al cumplimiento de los protocolos, aunque destaca la necesidad de mejorarlos en lo que se refiere a la investigación de las agresiones o la incoación de expedientes sancionadores”.