El creciente malestar generado por el contenido del examen de la oposición de Enfermería celebrado el 12 de mayo en Castilla y León ha obligado a la Consejería de Sanidad a emitir un comunicado en el que informa de que la Gerencia Regional de Salud “se ha dirigido al presidente del Tribunal calificador” para solicitar “un informe sobre la adecuación de las preguntas del ejercicio realizado al temario que figura en la convocatoria del proceso selectivo”.
Si el pasado martes el Consejo Autonómico de Enfermería de Castilla y León y CSIF denunciaban en sendas notas de prensa que muchas de las cuestiones planteadas en la prueba no se ajustaban al temario preparatorio ni se correspondían con contenidos relacionados por la profesión, este jueves ha sido el Sindicato de Enfermería (SATSE) el que ha alzado la voz para exigir a la Administración sanitaria en la Comunidad “que revise las preguntas del examen” para ver “si alguna no se ajusta al temario y, si eso sucede, que la anule de oficio”.
Asimismo, la organización sindical ha reclamado a la Consejería que evalúe rápido las posibles impugnaciones de las preguntas de la prueba y que, una vez decidido “si son impugnables o no, publiquen la plantilla de respuestas correctas rápidamente, procedan a corregir el examen también con la mayor celeridad posible” y “publiquen el listado de aprobados antes del final de este mes”.
Al igual que el Consejo de Enfermería de Castilla y León y CSIF, SATSE considera que la prueba de la OPE realizada en Castilla y León –el mismo día se habían convocado exámenes selectivos en otras 12 comunidades autónomas– fue excesivamente “difícil”, por lo que solicita “que sea corregido lo más rápido posible para que los opositores puedan ver dónde se establece la nota de corte para superar la fase de oposición”.
Tras conocerse estas nuevas denuncias, desde la Consejería de Sanidad se ha hecho público un comunicado en el que explica que los vocales que integran el Tribunal calificador “son profesionales de Enfermería –en uno de los casos, con representación sindical–” y actúan “con plena autonomía, siendo responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria”.
En este sentido, añade que la Consejería “no puede, ni debe, tomar decisiones sobre la idoneidad de unas u otras preguntas, y tampoco debe entrar en consideraciones sobre una mayor o menor dificultad de la prueba que, en cualquier caso, lo ha sido para todos los opositores”.
Del mismo modo, Sanidad recuerda que, según las bases, los aspirantes a una de las 1.579 plazas de estabilización ofertadas en la Comunidad disponen “de un plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de las respuestas correctas, para plantear alegaciones fundadas contra las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal”, alegaciones que deben dirigirse, “debidamente documentadas, a la sede del Tribunal”.
En cuanto a los resultados, el Gobierno autonómico destaca que, para superar la fase de oposición del proceso selectivo, “los aspirantes han de obtener, al menos, el 60% de la puntuación resultante de la media de las 10 puntuaciones más altas obtenidas”, y que será el Tribunal el que determine, “dentro de esos parámetros, la puntuación necesaria para superar el proceso selectivo”.
“No se entiende la realidad de la profesión”
En la denuncia que hizo pública el pasado martes, el Consejo Autonómico de Enfermería consideraba que la “responsabilidad directa” sobre lo sucedido “es de la Junta de Castilla y León, que es la encargada de nombrar al Tribunal que decide sobre los contenidos del ejercicio”. A este respecto, sus representantes recordaban que ya se han realizado “tres convocatorias de oposiciones para el acceso a plazas de Enfermería en las que se ha insistido en mantener el mismo Tribunal, a pesar de todos los problemas e irregularidades que se han ido denunciando en cada una ellas, haciendo caso omiso de las demandas de la profesión”.
“No se pide que la prueba selectiva se regale, pero lo que no es de recibo es que se complique hasta el punto de que haya muchos profesionales que hayan tirado esfuerzo, tiempo y dinero, ya que el examen no se ajusta al temario preparatorio. También se falta al respeto, ya que no se entiende la realidad de la profesión”, añadía la organización, que sostiene que en el ejercicio se primaron “las preguntas sobre Medicina y legislación, en vez de sobre los cuidados enfermeros, como sería lógico”.
CSIF ve “trato discriminatorio”
En la misma línea, el sindicato CSIF manifestaba su “malestar e indignación” por el examen propuesto en Salamanca y León –sedes de la prueba para los aspirantes a las plazas de Sacyl–, porque “no han estado acordes a la categoría de Enfermería y no son fiel reflejo de lo que se debe exigir a estos profesionales para acceder a un plaza en propiedad”.
Para esta organización sindical, “uno de los problemas que ha llevado a esta situación, con el descontento generalizado por parte de los profesionales de Enfermería, que han sacrificado años y vida personal de sus familias, es la falta de transparencia y trato discriminatorio llevada a cabo por la Administración, la cual lamentamos y sobre la que ya advertimos en su momento”.
En relación a esto, CSIF señala que en las dos mesas técnicas sobre procesos selectivos celebradas en verano de 2018 solicitó “la publicación de la bibliografía que se iba a utilizar por parte del Tribunal para todas las categorías”, entre ellas la de Enfermería, “cuya convocatoria a esa fecha no había sido todavía publicada”. Según el sindicato, finalmente solo se hizo pública en el caso de la categoría de médicos.
“La bibliografía hubiera aportado, al igual que se ha hecho en otras comunidades, mayor transparencia al proceso, mayor seguridad a los opositores y mayor seguridad jurídica al Tribunal de las oposiciones”, recalca.
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