Sanidad reconoce una partida defectuosa de 9.000 test rápidos, pero sostiene que contaba con homologación europea

Esta mañana, el director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, reconocía que en el proceso de validación de las primeras pruebas suministradas a España “se descubrió que las especificaciones del lote no se correspondían con los certificados de calidad vigentes”, por lo que se había procedido a su devolución.

Desde la Embajada de China en nuestro país se informaba posteriormente de que la empresa a la que Sanidad compró estos test, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, “todavía no ha conseguido la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos”. Además, se aseguraba que el Ministerio de Comercio chino ofreció al Gobierno Español “una lista de proveedores clasificados” en la cual “no estaba incluida” la compañía en cuestión.

Del mismo modo, desde la Embajada se aclara que las donaciones realizadas por el Ejecutivo de China y otras entidades, como Alibaba Group, “no incluyen productos suministrados por Shenzhen Bioeasy Biotechnology” y que la compra de materiales sanitarios anunciada ayer por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, “está en curso” y no ha salido aún del país asiático.

Ante estas informaciones, desde la Presidencia del Gobierno se ha emitido un comunicado en el que se sostiene que la partida devuelta de pruebas rápidas defectuosas “contaba con homologación europea para su compra y comercialización en todo el espacio comunitario”. A este respecto, explica que, hace varias semanas, el Ministerio de Sanidad español “inició contactos con varias empresas para la adquisición de test diagnósticos, de los cuales existen varios sistemas en el mercado”, adquiriendo una partida “a un proveedor nacional que los importaba de China y cuyo producto cuenta con el marcado CE”. 

Orden “inmediata” de retirada

Además, se añade desde el Ejecutivo, “por parte del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se analizó la documentación aportada por la empresa respecto a los estudios clínicos realizados por el fabricante chino”, y también se comprobó “que no existía ninguna alerta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre este producto”. Las primeras pruebas se realizaron en paralelo en un hospital de Madrid y en el ISCIII, “y en cuanto se detectó una escasa sensibilidad –inferior al 30%–, se dio orden inmediata de retirada y se contactó con el proveedor, que lo va a sustituir por otro tipo de test”.

El Gobierno, que adjunta al comunicado una copia de los certificados que acreditan el marcado CE, aclara, al igual que ha hecho la Embajada de China, que esta operación “no está relacionada con la compra de material sanitario anunciada ayer por el ministro Salvador Illa“, y afirma que se inició “antes de que las autoridades chinas facilitaran nuevos listados de sus proveedores al Gobierno de España”. No obstante, añade, “esos listados incluyen fabricantes validados y preferentes”, pero “en ningún caso consta información sobre la empresa china que, según la Embajada, no cuenta todavía con la licencia correspondiente en China”. Sanidad sí hizo las comprobaciones “sobre la fiabilidad al proveedor nacional” que suministró los kits procedentes del país asiático.

A esta polémica también se ha referido Salvador Illa en la Comisión de Sanidad del Congreso, donde ha recalcado que el proveedor nacional “era de confianza” y que desde el primer momento se tuvo presente la necesidad de validar el test, “porque en un mercado loco hay que ir con mucho cuidado”. 

Ante las críticas constantes por la falta de material, el ministro de Sanidad ha lamentado en la Comisión que nadie haya hecho referencia al hecho de que el mercado esté “desbordado”, porque “todo el mundo quiere comprar productos que se fabrican en menor cantidad de la que se necesita y el mercado está absolutamente loco”.

“No se producen suficientes mascarillas, respiradores ni test rápidos para lo que el mercado pide, porque todo el mundo quiere todos estos productos hoy, ya y los mejores disponibles”, ha destacado.

Illa también ha insistido en que las comunidades autónomas “han podido comprar en todo momento suministros necesarios como titulares que son de la gestión sanitaria”, porque no ha habido “ninguna restricción” en este sentido. “La compra centralizada no significa compra única, así lo hemos reflejado en todo momento. Hemos asumido nuestra responsabilidad, y hasta el miércoles se repatieron siete millones de mascarillas”, ha señalado. De ellas, la Comunidad de Madrid ha recibido más de 1,9 millones y Cataluña, 887.073.

Durante su comparecencia, el ministro ha considerado que los datos sobre la evolución de la epidemia “indican un cambio de tendencia” que hace pensar en el inicio de “una fase de estabilización”, y ha defendido de nuevo la gestión del Gobierno durante la crisis. “Nos enfrentamos a un enemigo que no conocemos del todo, que avanza con rapidez y que nos ha ido situando ante escenarios en permanente evolución, lo que nos ha obligado a todos los países a ir adaptando nuestras respuestas”, ha recordado.

A este respecto, Salvador Illa ha reiterado que España “ha aplicado las medidas más drásticas de distanciamiento” y ha activado el estado de alarma “antes que el resto de países de nuestro entorno, si atendemos al número de casos”, y ha indicado que se han puesto “todas las facultades del Estado al servicio de la lucha contra el COVID-19”.