La Consejería de Familia de Castilla y León ha publicado hoy el Plan de desescalada interna de las residencias públicas y privadas para personas mayores o personas con discapacidad, toda vez que estos centros no admitirán visitas hasta las fases 2 o 3 del plan de transición a la nueva normalidad por la pandemia de COVID-19.
La consejera Isable Blanco, que ha comparecido esta mañana junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para informar de la evolución de la crisis sanitaria en la comunidad, ha asegurado que el objetivo es “flexibilizar” las condiciones de vida de estos colectivos para que puedan empezar, entre otras actividades, a dar paseos al aire libre y en las zonas comunes como los comedores y las salas de televisión, siempre y cuando se pueda garantizar la distancia social mínima de dos metros.
Además, una vez hayan pasado siete días sin casos de COVID-19, podrán entrar en la segunda etapa para reanudar “progresivamente” las actividades como peluquería, podología y estimulación física y cognitiva.
La aplicación del plan puede empezar desde hoy en el 75% de los centros donde no ha habido casos de la enfermedad y depende de los propios directores y gerentes.
“Nuestra prioridad ha sido proteger a las personas mayores”, añadió, y como todavía las visitas no son recomendables, aseguró que se incrementará la comunicación de los residentes con sus familias.
Dos etapas
Según recoge este plan, que puede consultarse en la web de la Junta a través de este ENLACE, habrá una primera etapa que contempla la salide de las habitaciones y apertura de espacio comunes, algo que se puede llevar a cabo ya en la fase 0 en la que se encuentra la mayoría de las zonas de la comunidad.
En las residencias sin COVID-19 y en residencias mixtas, se permitirán salidas y se abrirán los espacios comunes para la realización de actividades respetando la distancia mínima de 2 metros, con mascarillas e higiene de manos. Las personas con dificultades para cumplir estas medidas no deberán coincidir con las personas que sí puedan cumplirlas, reservando para ellas otra franja horaria u otros espacios, si fuera posible.
Paseos al aire libre
Se podrán realizar paseos en zonas al aire libre como el jardín, patio, huerto, o terraza, siempre con supervisión, y acompañamiento en caso de personas no válidas, con un aforo máximo a determinar por el centro que, como mínimo, garantice la distancia de seguridad entre personas. Dependiendo del volumen de residentes con opciones de paseos, se fijarán los turnos según franjas horarias y/o días discontinuos para dar oportunidad a todos en condiciones de seguridad. La duración de la salida podrá ser de 30-60 min. o lo que determine el centro de acuerdo a sus circunstancias organizativas.
Se podrá aprovechar la salida para realizar ejercicios de estiramientos, movilización o fortalecimiento muscular. Las sillas, bastones, andadores u objetos tocados en la zona exterior se limpiarán y desinfectarán en la misma medida que los objetos de la zona interior.
Se podrán recuperar espacios comunes, tales como comedor, repartiendo a los residentes en número reducido por turnos para evitar concentraciones y siempre que se garantice la distancia de seguridad. Las mesas que no garanticen la distancia mínima de 2 metros entre comensales deberán estar ocupadas por una sola persona. Se dispondrán las mesas de manera que se evite tener a nadie a menos de 2 metros en la misma mesa o en la mesa contigua. Si no fuera posible cumplir todo lo anterior, no se abrirán estos espacios.
Peluquería, podología…
La llamada etapa II de esta plan para las residencias de Castilla y León pretende la reactivación de las actividades interpersonales a menos de dos metros, y también se puede iniciar ya en los centros donde se cumplan las condiciones. Se pasará a la etapa II, no antes de 7 días después del inicio de la etapa I, y sólo si ésta fue exitosa.
En esta etapa, además de las medidas de la etapa I, se permitirá la realización actividades de peluquería, podología, actividades de envejecimiento activo, estimulación física y cognitiva, sala de TV, comedor en planta, organizando el centro el horario de distribución de residentes, manteniendo la distancia de seguridad y cumpliendo con las medidas preventivas (distancia de seguridad y usos adecuados de EPIs) por parte del trabajador y residente.
A los trabajadores externos, antes de su entrada en el centro, se les realizarán pruebas diagnósticas para poder determinar que no son portadores de la enfermedad o que ya la han sido y no la transmiten. Estas pruebas se realizarán de forma periódica para ofrecer mayor garantía de que ningún trabajador sea portador/transmisor del virus, al menos mientras exista la alerta epidemiológica. La logística y sistemática de la realización de las pruebas diagnósticas se desarrollará en el marco de los criterios fijados por las Gerencias de Atención Primaria del Servicio Público de Salud e Castilla y León.
Cinco nuevos fallecidos
La Junta de Castilla y León ha confirmado el fallecimiento de un total de 2.530 personas alojadas en 1.214 residencias de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad (cinco más que ayer, un incremento de víctimas menor que el día anterior, cuando fue de sies), de las cuales 1.432 corresponden a casos confirmados por COVID-19, cuatro más que ayer, y otros 1.097 fallecidos con síntomas compatibles con el virus, uno más que el día precedente, como puede observarse en el gráfico inferior.
Protección para lo trabajadores
Por su parte, el sindicato de Enfermería, SATSE, en Castilla y León exige a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que siga proveyendo de equipos de protección individual (EPIS) para los trabajadores de las residencias de mayores de la comunidad para garantizar la seguridad y la salud laboral de estos trabajadores y de los residentes de estos centros.
Ante las informaciones en medios de comunicación que apuntan que la Consejería de Familia ha comunicado a las residencias que en junio dejará de suministrarles EPIS, SATSE considera que debe seguir garantizándose ese suministro como medida de protección y de prevención de nuevos brotes de la Covid-19. Aunque se trate de residencias privadas, estamos ante un problema de salud pública muy grave, por lo que la Consejería de Familia debe suministrarles esos EPIS, aunque sea la propia Administración la que compre esos equipos y luego sean las empresas que gestionan las residencias quienes abonen la factura de los mismos.
SATSE Castilla y León alerta del riesgo de que en este momento en que aún se producen contagios, los trabajadores de las residencias y los residentes se vean desprotegidos.
Tampoco hay que olvidar que los trabajadores de estos centros se han visto obligados a trabajar sin los EPIS suficientes en muchas ocasiones en esta pandemia, con las graves consecuencias en cifras de afectados y muertes que ha habido en la comunidad. Según los datos que facilita la Junta de Castilla y León, en estos centros han fallecido 1.428 personas con Covdi-19 confirmado y 1.097 con síntomas compatibles con la enfermedad.
A ellos se suma el elevado número de sanitarios contagiados, por lo que la Consejería de Familia debe ser prudente al respecto, porque un rebrote de la enfermedad puede ser catastrófico para estos centros y para el sistema sanitario de la comunidad.
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