Agresiones a trabajadores sanitarios

Trabajadora de la Sanidad pública

La Organización Internacional de Trabajo define la violencia laboral como “toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable, mediante el cual una persona es amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma”. La Ley de 1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales señala en uno de sus artículos que “el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo”.

Con estas referencias, y con los datos que el propio consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León dio el pasado mes de diciembre, estamos muy lejos de cumplir la normativa legal. Observamos que desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2013 se han producido 291 incidencias de agresiones a trabajadores, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior. Por niveles asistenciales, el 62,8% se han producido en los hospitales, y el número de trabajadores agredidos ha sido de 355, un 18% más que el año anterior. Hay muchos más casos que no han sido denunciados por los trabajadores, pero ya solo con estos datos nuestros responsables sanitarios deberían moverse y abordar este tema con la seriedad y rigor que requiere, porque estas situaciones están muy lejos de corregirse, más bien todo lo contrario, como así lo manifiestan las propias estadísticas del consejero.

Las agresiones a los trabajadores sanitarios son constantes y no casos aislados, como se ha pretendido reflejar. Están alcanzando cifras sin precedentes, siendo múltiples las razones de este aumento. Hay que señalar que el mayor responsable de una agresión es quien la ejerce y practica, pero también hay que decir que tratar con personas psíquicamente alteradas o con adicciones a drogas y alcohol supone ya un gran factor de riesgo, en algunos de los casos. También los recortes sanitarios, la espera en los servicios de Urgencias, en las consultas, las largas listas de espera quirúrgicas y de realización de pruebas, así como la falta de organización y coordinación en nuestros centros sanitarios ponen a prueba la paciencia de pacientes y familiares.

Pero lo más sorprendente, al analizar este tema de las agresiones, es que sean, una vez más, los medios de comunicación los que tengan que informar a los trabajadores de Sacyl de la creación, por parte de la Junta, de un protocolo y teléfono 012 de información en caso de sufrir agresiones los trabajadores en los centros sanitarios de Castilla y León, y que la mayoría de trabajadores desconocemos. Si se han elaborado protocolos frente a las agresiones, no hemos sido informados por nuestros mandos intermedios, y si éstos abarcan los aspectos preventivos, no lo hemos notado ni detectado, pues seguimos expuestos a las agresiones.

No se pueden tranquilizar conciencias creando el Observatorio de Agresiones al Personal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y colgar el decreto en la página de Intranet, sin mas actuaciones. Se necesita un compromiso y establecer líneas y directrices generales que elaboren planes de prevención frente a las situaciones conflictivas, porque si no se hace así, nos quedaremos como hasta ahora, con la retórica y con declaraciones de buenas intenciones.