Médicos, pacientes e incentivos profesionales

Médico

Es sobradamente conocido que la Sanidad es una actividad que en los últimos años ha tenido un incremento importante del gasto, que ha llegado a poner en cuestión su sostenibilidad. Ello ha adquirido especial importancia durante la crisis económica, pero el debate acerca de la sostenibilidad del sistema viene de hace muchos años. En España, desde 1991, con el Informe Abril Martorell.

Para controlar el gasto sanitario se han propuesto múltiples fórmulas de gestión, desde la introducción de las gerencias en los hospitales hasta las propuestas actuales de transferir algunos aspectos limitados de la gestión (y de la responsabilidad) a los clínicos, o la privatización de la asistencia, pero ninguna de ellas ha conseguido resolver el problema, porque la verdadera respuesta está en aceptar que la asistencia sanitaria es cara (a pesar de los bajos salarios de sus profesionales) y determinar qué importancia queremos que tenga en el gasto público y cuál es la mejor respuesta organizativa para mantener un sistema sanitario que busque el beneficio de todos, y no el lucro de unos pocos.

Uno de los métodos introducidos en los últimos años son los incentivos económicos para los profesionales que reduzcan el gasto sanitario. Este tipo de incentivos están muy bien cuando se basan en mejorar la eficiencia, pero no cuando tratan de modificar la actividad clínica en detrimento del paciente.

Viene esta reflexión a cuenta de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que establece que los inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no pueden cobrar incentivos que dependan del porcentaje de altas laborales que dan entre sus enfermos en situación de incapacidad laboral transitoria. La Audiencia señala que lo único que debe regir la actuación de un médico inspector es el estado de salud del trabajador, y que sus decisiones deben tomarse exclusivamente bajo criterios objetivos y científicos. Esta doctrina judicial es extensible a toda la actividad clínica y, posiblemente, va a condicionar muchas tomas de decisiones por parte de los médicos en el futuro próximo.

Existe una delgada línea roja que no debería cruzarse nunca, la que determina los derechos de los pacientes y los deberes de los médicos para con los mismos, basada en principios éticos, y desde luego no en base a disminuir los derechos de los primeros para conseguir pequeñas mejoras en la remuneración de los segundos.

Pacientes con nombres y apellidos

Los médicos deben basar su actividad en criterios científicos consensuados que aplican luego en pacientes concretos, pacientes con nombre y apellidos, con un rostro, situados al otro lado de la mesa de la consulta o en la cama del hospital y establecen con ellos lo que tradicionalmente se ha denominado relación médico-paciente. Esta relación se rige por criterios científicos y éticos, y son estos últimos los que determinan esa delgada línea roja a la que hacía referencia en el párrafo anterior y que no debe traspasarse nunca.

Corresponde a los políticos y gestores trabajar por la sostenibilidad del sistema y determinar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, asumiendo los aplausos o las críticas que pueden derivarse de introducir o eliminar determinadas prestaciones del mismo. Los ciudadanos pueden aplaudir, protestar, votar o retirar su voto a los políticos en función de las decisiones que tomen al respecto, y la asistencia sanitaria es un área de especial sensibilidad para la mayoría de los ciudadanos, especialmente cuando, además de ser ciudadanos, están enfermos.

Los médicos deben mejorar la eficiencia de los recursos que administran, y esa debe ser su contribución a la sostenibilidad del sistema, pero siempre desde la perspectiva prioritaria de que, con los recursos de que disponen, deben buscar lo mejor para el paciente, y su remuneración profesional no puede depender de criterios de ahorro o disminución del gasto sino de un ejercicio profesional tendente a la excelencia (buena práctica clínica y eficiencia). Su ejercicio debe basarse en conjugar lo mejor para el paciente y lo mejor para un sistema que es de todos.