Pacientes

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha mostrado hoy su satisfacción con el «documento inicial» aprobado ayer en Consejo de Ministros para la desescalada en la pandemia COVID-19, porque permite, como se había solicitado, una segmentación geográfica para la aplicación de las nuevas medidas, aunque también plantea numerosos interrogantes que serán trasladados al Ministerio de Sanidad esta tarde.

(Actualización) – Desde el inicio de la crisis sanitaria, casi 115.000 afectados por el coronavirus SARS-CoV-2 han necesitado hospitalización en nuestro país, de los cuales 10.364 han requerido cuidados intensivos. Madrid y Cataluña son, con diferencia, las comunidades que han contabilizado las cifras absolutas más elevadas, según se refleja en el informe diario del Ministerio de Sanidad, que hoy incluye el ajuste de los datos referidos a los ingresos acumulados, con la excepción de Galicia, que sigue informando sobre cuántos pacientes continúan en el hospital en el momento de la notificación.

Castilla y León es hoy la primera de España en número de casos nuevos confirmados por cada 100.000 habitantes y la tercera en número absolutos, tras Cataluña y Madrid; aunque las cifras siguen teniendo varias explicaciones, como el hecho de que se realicen más o menos pruebas de detección. En cualquier caso, como recuerda cada día la consejera de Sanidad, Verónica Casado, «sigue habiendo casos nuevos y todavía no estamos en condiciones de una desescalada».

La preocupación se ha extendido como la pólvora entre las familias después de que ayer se hiciera público un documento en el que la Asociación Española de Pediatría (AEP) alerta a los profesionales sobre «la aparición, en las últimas dos semanas», de cierto número de niños y adolescentes con un cuadro «inusual de dolor abdominal, acompañado de síntomas gastrointestinales (diarrea y/o vómitos), con aceptable estado general, pero que pueden evolucionar en pocas horas hacia un shock, con taquicardia e hipotensión».

Castilla y León acumula, según los últimos datos facilitados al Ministerio de Sanidad en el marco de la coordinación informativa entre las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas, 19.028 casos confirmados de COVID-19, 344 nuevos desde la última comunicación pública. Epidemiológicamente, en la Comunidad castellana y leonesa, el SARS-CoV-2 ha afectado en mayor medida a la población mayor de 65 años (52,1%), mientras que el tramo de edad entre 45 y 65 años es el 31,9%; entre los quince y los 44 años, los casos suponen el 15,7% y una parte muy pequeña, el 0,3%, son menores de quince años.

(Actualización) – Es domingo, y como ya se ha puesto de manifiesto a lo largo de la actual crisis sanitaria, ciertos retrasos que suelen producirse en las notificaciones que realizan las comunidades autónomas el fin de semana hacen que las cifras que nos aproximan al impacto de la epidemia de COVID-19 en España sean algo más reducidas en estos periodos festivos. Hoy son manifiestamente mejores. Por primera vez desde el 20 de marzo, las muertes diarias asociadas al virus, que en las últimas jornadas se habían mantenido en el rango de las 400, han caído por debajo de las 300.

Este diario no es mío. No sólo lo he cogido prestado sin el permiso de sus protagoniostas, sino que me he atrevido a novelarlo por haberlo vivido muy de cerca. Aun así, sus legítimos propietarios no son responsables de los sentimientos vertidos en él, y hasta es posible que cualquier parecido con la realidad sea mera coincidencia…

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha transmitido este domingo a Pedro Sánchez que el marco geográfico que se defina para el levantamiento progresivo de las restricciones vigentes contra la epidemia de COVID-19 sea «inferior a la provincia» y se determine en base a las zonas básicas de salud (ZBS). En este sentido, ha considerado que la desescalada «debe empezar por el medio rural, por ZBS donde no haya casos», porque «nuestra Comunidad tiene 94.000 kilómetros cuadrados, y es injusto penalizar al mundo rural por casos en las grandes ciudades». 

Coincidiendo con la primera medida de alivio de las restricciones vigentes durante el estado de alarma –las salidas controladas de los niños–, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias (CCAES), Fernando Simón, han entregado al presidente del Gobierno un documento en el que se recogen las condiciones que deben cumplirse desde el punto de vista sanitario para iniciar el proceso de transición a esa «nueva normalidad» a la que ayer se refirió el propio Pedro Sánchez.