Sanidad registró 173 solicitudes de eutanasia en los primeros seis meses de aplicación de la ley

En su balance, Sanidad recuerda que las Comisiones de Garantía y Evaluación se constituyeron en fechas diferentes en las distintas CCAA, por lo que, en algunos casos, las cifras reportadas se refieren a los últimos meses de 2021. En este periodo, se registraron en España 173 solicitudes de eutanasia, de las cuales 65 se presentaron en Cataluña (el 37,5%). Por detrás se situaron, en número de peticiones, País Vasco (34) y la Comunidad de Madrid (12). También se recibieron 10 solicitudes en la Comunidad Valenciana; 9 en Baleares; 8 en Canarias; 6 en Galicia; 4 en Aragón, Asturias, Castilla y León y Navarra; 3 en Andalucía y Murcia; 2 en Cantabria y La Rioja y 1 en Castilla-La Mancha, Extremadura y Melilla.

De las peticiones tramitadas en los primeros seis meses de aplicación de la Ley de Regulación de Eutanasia, se realizaron 75 prestaciones de ayuda para morir (PAM) —38 hombres y 37 mujeres— en este periodo, lo que supone el 43,3% del total, con la siguiente distribución territorial: 29 en Cataluña; 15 en el País Vasco; 6 en Baleares y en la Comunidad de Madrid; 5 en la Comunidad Valenciana; 3 en Canarias; 2 en Galicia, en Navarra y en Murcia y 1 en Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León y La Rioja.

En cuanto al resto de solicitudes de eutanasia, el informe del Ministerio de Sanidad indica que en 32 casos se produjo el fallecimiento de la persona antes de que finalizara el procedimiento (18,49%), otras 28 no llegaron finalmente al Comité de Garantía y Evaluación correspondiente (16,18%), 25 fueron denegadas (14,45%) y se registraron 7 revocaciones (4,04%) y 6 aplazamientos (3,46%).

La edad de los pacientes que recibieron la prestación de ayuda para morir varió entre los 29 y los 97 años, siendo la media de alrededor de 66 años para las mujeres y 67 para los hombres.

En relación con la patología que dio lugar a esta prestación, el documento publicado por Sanidad destaca que, en la mayoría de los casos (más del 53%), los solicitantes presentaban enfermedades neurológicas (40 pacientes), seguidas de las patologías oncológicas (22). Otras cuatro se debieron a una pluripatología orgánica severa y tres, a enfermedades respiratorias, no constando la causa en el resto de los casos.

Respecto a la especialidad de los médicos que ejercieron la prestación como responsables del proceso, 43 eran médicos de Familia, 17 neurólogos, 9 internistas y 6 oncólogos.

El 96% de las solicitudes de eutanasia fueron por petición expresa

El informe publicado también refleja que la práctica totalidad de las solicitudes de eutanasia tramitadas desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de diciembre de 2021 fueron a petición expresa del paciente (96%). Tan solo en el 4% de los casos (3 solicitudes) se tramitaron por parte del representante legal, a partir de un documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas.

En todos los casos declarados por las comunidades y ciudades autónomas, la prestación de ayuda para morir (PAM) fue realizada por los servicios públicos, según se refleja en el balance oficial, en el que se recoge que 34 pacientes la recibieron en su propio domicilio, 30 en el hospital y cinco en centros sociosanitarios (residencias). En otros seis casos no consta el lugar donde se realizó la PAM, que solo en una ocasión tuvo lugar en una institución privada.

En todos los casos, el método utilizado para la prestación de ayuda para morir fue la inyección intravenosa. En este sentido, cabe recordar que la ley contempla dos modalidades posibles para la PAM: “la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente” (eutanasia) y “la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que esta se la pueda auto administrar, para causar su propia muerte” (suicidio asistido).

En cuanto al intervalo de tiempo que transcurrió entre la presentación de la primera solicitud de ayuda para morir y la prestación, la media fue de 54 días, tal y como se indica en el informe, en el que se observa también que entre la primera y la segunda solicitud el plazo fue de 18 días y entre la resolución de la Comisión de Garantías Evaluación y la PAM, de 25 días.

Tras la prestación de ayuda para morir, las CCAA notificaron seis casos con donación de órganos, cinco de ellos multiorgánicos y uno de pulmón, riñones e hígado.

En su documento, el Ministerio de Sanidad sostiene que la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, en vigor desde el 25 de junio de 2021, “pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia”. Además, recuerda que la “prestación de ayuda para morir” es “la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios”.

El documento, que también repasa el trabajo realizado entre el Ministerio de Sanidad, las comunidades y ciudades autónomas y los representantes de las comisiones de garantía y evaluación, incluye el acceso a la información disponible en todas las CCAA sobre esta prestación regulada hace dos años en nuestro país:

https://www.sanidad.gob.es/eutanasia/ciudadania/enlacesCCAA.htm