La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos, ha suscrito hoy un protocolo con el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Miguel Ángel García Nieto, y con el presidente autonómico de Cruz Roja, José Varela, para definir y articular de forma coordinada la prestación de información y asesoramiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia de género en la Comunidad. Con el acuerdo se busca “optimizar los instrumentos existentes y avanzar hacia un nuevo modelo de atención integral a las víctimas que abarque, desde la sensibilización y la prevención, hasta la atención y la integración social y laboral”.
Según ha informado la Junta, este protocolo permitirá a Castilla y León prestar un servicio de asesoramiento jurídico “flexible, ampliado en el tiempo y en el espacio, homogéneo en el territorio y coordinado con toda la red de Servicios Sociales de la región”, que sirva de acompañamiento a la víctima de violencia de género y le ayude en los momentos previos a la denuncia, tal y como ha explicado Milagros Marcos.
Gracias a este acuerdo, “no sólo se reducen los tiempos de espera y se flexibiliza el acceso y el horario de este servicio, sino que se garantiza la atención en todas las provincias de la Comunidad”, ofreciendo asesoramiento telefónico y ampliando los puntos de atención en el medio rural. Así, además de funcionar en las nueve capitales de provincia, Miranda de Ebro (Burgos) y Ponferrada (León), este servicio se extenderá a otras localidades del medio rural.
La información y el asesoramiento servirán “para aclarar dudas a las víctimas sobre cuestiones legales en materia civil, penal, administrativa, laboral, tributaria o cualquier otra que guarde relación con su situación de violencia de género”, pero también ayudará a que los profesionales que prestan sus servicios en la red de atención a estas mujeres amplíen su formación e información.
“Se trata de que las víctimas cuenten con el apoyo y el acompañamiento que les ayude a tomar una decisión para salir del circuito de la violencia y de que estén informadas de todos los recursos que ponen a su disposición las entidades públicas y privadas”, aclara la Consejería de Familia.
Con el protocolo, además, “se intensificará el servicio, en la medida en que las asociaciones que ya desarrollan este tipo de programas, financiados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se acogerán al proceso de atención coordinada”, ya que se “homogeneizarán los procedimientos de actuación y el diseño de itinerarios y se difundirá este protocolo y todos los recursos disponibles”.
El papel de cada parte en el acuerdo
Cada una de las tres entidades firmantes jugará un papel en el desarrollo del protocolo. Cruz Roja será la encargada de coordinar del sistema de información y asesoramiento jurídico. El servicio será prestado de forma presencial por profesionales de la abogacía con especialización en violencia de género, en un espacio adecuado que garantice la privacidad, comodidad y accesibilidad de las usuarias. Cruz Roja designará a una persona responsable del programa a nivel autonómico y un coordinador provincial.
Asimismo, se compromete a poner en marcha el sistema de intercambio de información sobre las personas atendidas, “garantizando la confidencialidad de los datos, para que las mujeres puedan recibir la atención integral que precisen y evitar la doble victimización de tener que repetir su historia ante diferentes instancias”.
Por su parte, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, como responsable del sistema de información y asesoramiento jurídico, incorporará los datos de las víctimas al Registro Unificado de Víctimas de Violencia para garantizar la coordinación con el resto de programas sociales de apoyo. Junto a esto, supervisará la aplicación del protocolo y la coordinación entre los firmantes y el resto de entidades del Tercer Sector que desarrollen programas de asesoramiento jurídico a víctimas, financiados por la Junta.
Mientras, la Federación Regional de Municipios y Provincias ejercerá la interlocución para coordinar e informar a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales sobre el diseño del proceso de atención, con el fin de que los profesionales de ambas administraciones se integren en el sistema. También se ocupará de difundir el objetivo de este protocolo y de los recursos puestos a disposición de las víctimas de violencia de género.
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