El PSOE denuncia que un 30% de las solicitudes de la Renta Garantizada de Ciudadanía se desestima

Desde el PSOE de Salamanca recuerdan el drama de miles de familias que atraviesan graves dificultades económicas en su día a día, que repercuten en todo el núcleo y de forma especial en los niños. Los socialistas recuerdan algunos de los datos avalados por organizaciones como Cáritas España y UNICEF en Castilla y León, donde esta última cifra en 90.000 los niños en riesgo de pobreza en la Comunidad, “con carencia en sus hogares, y los que tenían que ser los más protegidos, son los más pobres”, denuncia la secretaria de Políticas Sociales del PSOE en Castilla y León, Marta Olmedo. Asimismo, recordó que el gasto medio de las familias se ha reducido en un 13,8%, que repercute en el gasto en comedores escolares, en actividades extraescolares y de ocio, etc. “Tres comidas al día o proteínas en la dieta es un lujo para algunas familias”, añade. Olmedo insiste en las denuncias de recortes que llegan desde estas organizaciones y que ellos mismos también han dado la voz de alerta, en materias como educación, sanidad y servicios sociales.

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales del PSOE en Salamanca, Mara Ruiz, lamenta las dificultades que tienen los ciudadanos en riesgo de pobreza para solicitar la Renta Garantizada de Ciudadanía, una vez agotadas sus prestaciones, “por toda la burocracia que exigen”. En este sentido ya han visto casos que a punto de cumplirse el plazo de tres meses para percibir esta ayuda, en la administración les vuelven a reclamar más documentos que prolongar dicho plazo en el tiempo. “Casos graves de gente sin ingresos que necesitan ese dinero de manera urgente para comer”, apunta Ruiz. Y la población extranjera que reside desde hace años en España tiene todavía más dificultades para acceder a este tipo de ayuda, e incluso a veces les solicitan la traducción de documentos de sus países, “difícil de costear por familias sin ningún tipo de ingreso”. Mara Ruiz lamenta también que las comisiones provinciales de exclusión social, que tienen fijado un plazo de reunión cada tres meses, en los dos últimos años “solo se reunieran tres veces en Salamanca”. Esta socialista considera que vital importancia estos encuentros entre la Gerencia de Servicios Sociales, el Ayuntamiento, la Diputación y las ONG para conocer la situación “y analizar casos concretos”.

10.000 solicitudes denegadas

El portavoz de Familia del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Jorge Félix Alonso arroja un dato que resume la preocupación de su partido respecto a los ciudadanos con mayor riesgo de pobreza: “Un 30% de las solicitudes de la Renta Garantizada de Ciudadanía se desestiman porque no completan la información que les solicitan”. En 2013 se presentaron 34.000 solicitudes y 10.000 de ellas se rechazaron aproximadamente. Alonso cree que para mejorar este sistema de ayudas es necesaria una coordinación efectiva. En cuanto a las ayudas de emergencia social, que se conceden de forma puntual y hasta una cantidad de 3.000 euros al año, el socialista asegura que nadie recibe más de 1.000 euros anuales en este concepto. “De ellas, aunque la normativa establece que la Junta de Castilla y León tiene que aportar un mayor porcentaje, del 65%, la realidad es que es el Ayuntamiento el que asume más cantidad de la que debería”, subraya. “Es una auténtico problema que se pongan obstáculos para acceder tanto a la Renta Garantizada de Ciudadanía como a las de emergencia social”, sentencia Alonso.

Los socialistas presentarán un total de ocho nuevas medidas al respecto de esta situación en el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León. Entre ellas, que los solicitantes de este tipo de ayudas sociales puedan solicitar la revisión de su expediente ante las comisiones de Inclusión Social de las provincias cuando lo consideren necesario, o que se modifiquen las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de la Renta Garantizada de Ciudadanía, en el sentido de que las personas o familias monoparentales puedan recibir la cuantía que les corresponda con sus respectivos complementos, cuanto tenga ingresos proveniente de las prestaciones contributivas o no contributivas por desempleo.

Además, pedirán que se constituya una comisión formada por profesionales de los Servicios Sociales de la Consejería de Familia de las entidades locales para que se analice la casuística que se produce en los demandantes de la Renta Garantizada de Ciudadanía y pueda realizar propuestas para mejorar y agilizar la gestión y acceso de la misma. Otro solicitud se centra en que la Junta de Castilla y León incremente la financiación de la cuantía destinada a financiar las emergencias sociales, o mejorar la coordinación entre los profesionales de los Servicios Sociales con los de los centros educativos que son los que suelen detectar la falta de recursos de los menores, entre otras.