Cuando empezó a verse la luz al final del túnel después de la pandemia, todo eran promesas y buenos propósitos para la sanidad pública, que se concretaron en el Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, donde se recogían numerosas —y en general positivas— propuestas para reforzar el sistema sanitario público.
No obstante, ya en 2021 se pudo ver que la realidad iba por otro camino, y que las actuaciones prácticas de los Gobiernos central y autonómicos no respondían con hechos concretos a este supuesto interés por reforzar la sanidad pública, lo que pudo comprobarse, por ejemplo, en el bajo porcentaje de fondos provenientes del Plan de Resiliencia que se dedicaban a la sanidad y los escasos incrementos presupuestarios de las CCAA y del Gobierno al respecto.
En 2022 se ha continuado en la misma línea: unos presupuestos sanitarios con mejoras muy modestas que en modo alguno abordaban las necesidades de atención sanitaria de la población, lo que claramente vuelve a plantearse para 2023.
Esta insuficiencia presupuestaria explica, en gran parte, el resto de problemas del sistema sanitario, con un deterioro continuado y cada vez mayor de la Atención Primaria (demoras para citas de 8,8 días de promedio, predominio de la atención telefónica, etc.), hospitales con pocas camas y recursos infrautilizados (según el último barómetro de listas de espera, en el primer semestre de 2022 se realizaron 24.412 intervenciones quirúrgicas menos que en el mismo periodo de 2019).
Mientras tanto, continúa el aumento de la privatización del sistema sanitario, especialmente en algunas comunidades, autónomas como Madrid, Andalucía, Galicia, etc., lo que aumenta los costes de la atención sanitaria y detrae fondos a los centros de gestión pública, así como un gasto farmacéutico muy elevado (aumento del 6,9% en farmacia hospitalaria y 7,3% en recetas en 2021).
Tampoco se han resuelto las necesidades de personal de los centros sanitarios, con una política de recursos humanos que penaliza a los profesionales y que ha hecho de las bajas retribuciones y la precariedad su característica fundamental.
Todos estos hechos nos llevan a una situación muy preocupante para la sanidad pública y a la búsqueda de una parte de la población, la que económicamente puede permitírselo, de alternativas en el sector privado a la desatención de sus problemas de salud, lo que fomenta la inequidad y quiebra el derecho constitucional a la protección de la salud.
Lo único positivo del año es la amplia respuesta social y profesional que se está produciendo, y la reivindicación de una sanidad pública universal, accesible y de calidad, que deberían ser sus características fundamentales. Por lo tanto, es necesario, más allá de promesas vanas, un compromiso tangible de las administraciones públicas a nivel central y autonómico para garantizar la atención necesaria para toda la población, y para ello parece necesario continuar la presión de la sociedad y los trabajadores sanitarios.
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